Prisión en Almería para una mujer reincidente en la venta de animales que simulaba ser una protectora

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Roquetas de Mar (Almería) ha mandado a la cárcel a una mujer que ya fue arrestada el pasado mes de enero por la venta ilícita de mascotas bajo la apariencia de conformar una entidad protectora después de que incumpliera la prohibición cautelar de comerciar con animales, motivo por el que fue nuevamente detenida el pasado 16 de junio al comprobar que continuaba con la actividad en las redes sociales aunque bajo distinto nombre.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en un comunicado, el juez ha dispuesto la entrada en prisión, comunicada y sin fianza, de la investigada por los delitos de maltrato animal, estafa y falsedad documental al entender que era preciso aplicar "medidas de carácter más coercitivo" a fin de que la mujer "cesara en sus actuaciones".

"La actitud demostrada por la investigada desde que se inició la causa no viene sino a evidenciar una absoluta impudicia y un descaro relativo al cumplimiento de las normas y de los mandatos judiciales", ha señalado el instructor en su auto, en el que endurece las medidas cautelares para evitar que la investigada vuelva a delinquir.

La mujer ya habría estafado a un "elevado número de personas" que, "de buena voluntad y creyendo en que la investigada actuaba con ánimo de ayudar" a los animales, "confiaron en ella, le entregaron cantidades de dinero que pensaron encaminadas a sufragar gastos veterinarios de dichos animales y, en ocasiones, se desplazaron cientos de kilómetros para recogerlos".

Además, explica que a lo largo de la causa ha resultado acreditado que, pese a presentarse como una persona "amante de los animales y dedicada a su protección", su única intención era "lucrarse", puesto que los animales "se encontraban en pésimas condiciones de higiene".

En esta línea, detalla que las mascotas se encontraban originariamente en un piso "sin ningún tipo de control y cuidado", toda vez que algunos de ellos enfermedades como el parvovirus. De este modo, las condiciones en las que se encontraban "resultaban, precisamente, contraproducentes, tal y como se le indicó por parte de los veterinarios".

NUEVE EJEMPLARES FALLECIERON

La situación de los animales era tan precaria que "al menos en nueve ocasiones los animales fallecieron" al poco de ser entregados a sus nuevos dueños. Con ello, concluye que la investigada "no buscaba ayudar a los animales" sino que sostenía "una fachada" para "continuar ganando dinero y engañando a personas que, estas sí, buscaban ayudar a una serie de seres que, como nuestro propio ordenamiento reconoce, son sintientes".

En este sentido, cree que a la mujer le ha resultado "completamente indiferente haber estado detenida" ya en el mes de enero por los mismos hechos y que "se le esté investigando en un proceso judicial" por el que se le prohibió realizar actividades con animales.

"Ella ha continuado adelante con su actividad, tomando algunas precauciones adicionales --a todas luces insuficientes, apostilla-- para ocultar la misma, como, por ejemplo, emplear el nombre de una tercera persona".

Así, la investigada ha demostrado que las órdenes judiciales no suponen para ella más que pronunciamientos vacíos de contenido, sin ningún tipo de implicación personal o atadura", motivo por el que sólo cabe medidas más coercitivas.

La investigación original, que implica a un total de 12 personas, se destapó a raíz de la colaboración ciudadana, que denunció el supuesto entramado investigado por agentes del Seprona. Los agentes pudieron comprobar la venta de cachorros que se hacían pasar por adopciones a través de distintos perfiles en redes sociales, según los indicios detectados.

En los anuncios que se publicaban en redes se detallaba que los gastos de adopción eran asumidos por el adoptante, lo que suponía un importe de 250 euros de media. Dichos importes cubrían, presuntamente, los gastos de identificación, exploración veterinaria, vacunación y desparasitación, a lo que luego se añadía el gasto de transporte del animal.

Fruto de las gestiones realizadas, los investigadores contactaron con un total de 25 denunciantes, aunque se tiene conocimiento de que el número total de afectados podría rondar el centenar de personas.

ANIMALES "EN CONDICIONES DEPLORABLES"

Según explicó la Guardia Civil en el marco de la operación 'Cobaka', la supuesta asociación protectora de animales no estaba legalmente establecida, de forma que se trataba una particular que criaba animales "en condiciones deplorables" en una vivienda "sin autorización administrativa ni instalaciones adecuadas para ello", lo que además generaba "problemas de insalubridad en el edificio".

Los ejemplares carecían de los tratamientos veterinarios necesarios, por lo que se exponían al contagio de enfermedades infecciosas entre los mismos. Por otro lado, también obtenía animales de proveedores que creían entregar ejemplares a una protectora, "consiguiendo así lucrarse de las adopciones que se llevaban a cabo".

La presunta autora seleccionaba a animales que eran altamente demandados, preferentemente crías, con características morfológicas similares a las razas más demandadas.

"Estos animales eran ofertados por internet, enmascarando la venta de adopción, produciendo el engaño de los perjudicados y prevaleciéndose de una red de colaboradores, cuyo papel radicaba en la recepción, a través de la plataforma Bizum, del dinero abonado por los supuestos adoptantes", añadieron.

Una vez ingresado el dinero en la cuenta de los colaboradores, estos procedían a su reintegro a la autora principal en efectivo. En unos casos, el animal "no llegaba a recibirse por no ser enviado" mientras que en otras ocasiones los perjudicados llegaban a recibir al animal "adoptado", pero "las condiciones en las que el animal era entregado no eran las indicadas".

Del análisis económico realizado, la principal autora podría haberse embolsado con la venta ilegal de cachorros, así como con estafas relacionadas con la misma actividad, una cantidad que podría "sobrepasar los 25.000 euros en el año 2024", dado que, tanto en las ocasiones en las que no llegaba a entregar la mascota como en las ocasiones en las que sí era entregado, el importe abonado por los interesados en adoptar "no era invertido en los animales".

Por tales hechos, se ha procedido a la detención de dos personas y a la investigación de otras seis, por supuestos delitos contra los animales, estafa, falsedad documental, usurpación de estado civil y pertenencia a grupo criminal. Además, se han retirado del criadero ilegal un total de diez animales que han sido depositados en las instalaciones de la protectora SOS Adopta, en Pechina.