Andalucía acota el uso el coche oficial: "Cobertura del ejercicio de las funciones públicas"

La Junta de Andalucía ha dedicado un artículo del proyecto de Ley de Patrimonio, ya en el registro del Parlamento de Andalucía desde el 25 de septiembre, a hablar de su parque móvil y ahí ha acotado el uso del coche oficial.

Describe el parque móvil como "la flota de vehículos a disposición de la Junta de Andalucía" y de todo el sector público empresarial para precisar entonces que los vehículos "están destinados al servicio público" y con ello acota que "pueden utilizarse para la cobertura de las necesidades que deriven del ejercicio de las funciones públicas encomendadas a la Comunidad".

La Junta de Andalucía tiene 3.645 vehículos, según los datos que publica en su Portal de Transparencia. Ahí especifica el uso de su parque móvil, uno de los cuales identifica como representación. Con esa etiqueta se encuadran 68 coches.

La Administración autonómica anuncia que ahondará en la regulación de su parque móvil con la elaboración de un Reglamento para "desarrollar el régimen jurídico del parque móvil de la Comunidad Autónoma de Andalucía y de los servicios automovilísticos", que será la norma aplicable a consorcios, sociedades mercantiles y fundaciones del sector.

En la Memoria de la Ley de Presupuestos de 2025, en el apartado de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, apuntaba "la aprobación de un nuevo texto de la Ley del Patrimonio", así como cifraba en 3.500 el número de vehículos tanto de la Junta de Andalucía como de las entidades instrumentales, de los que precisaba que "su antigüedad media es de 15 años y 200.000 kilómetros".

La Consejería informaba igualmente de tener también "una flota de renting de unos 1.233 vehículos aproximadamente", para proclamar que "por volumen, dimensión y extensión del territorio al que presta servicio, el Parque Móvil de la Junta de Andalucía es el mayor entre todas las administraciones autonómicas".

En la memoria de la partida presupuestaria de Economía trazaba un diagnóstico sobre ese parque móvil precisando que "en los próximos 4 años contará con aproximadamente 1.744 vehículos cuya antigüedad superarán los diez años", por lo que considera que se trataba de "un momento idóneo para acometer una profunda modernización de la flota" al esgrimir aquí "una perspectiva eficiente en el uso de los recursos públicos, sostenible y respetuosa con el medio ambiente".

Anunciaba entonces que en este ejercicio quería "poner en marcha el Plan de Ahorro del Parque Móvil de la Junta de Andalucía". Con este instrumento decía la Consejería de Economía que su primer objetivo era tener una norma reguladora, ya que constataba que "se adolece de una regulación normativa" advirtiendo de que "el único desarrollo" se limitaba a "una serie de instrucciones" para la compra de "vehículos de representación" y disposiciones sobre "la actualización de la flota de vehículos" en los ejercicios 2008 y 2010.

Con este escenario esgrimía Economía "la necesidad de contar con una regulación eficiente de los vehículos y herramientas eficaces" y expresaba la confianza en que esa regulación reglamentaria permitirá implantar "un nuevo modelo de gestión integral del parque móvil autonómico, estableciendo procedimientos claros y simplificados que ayuden a los centros directivos en su trabajo diario".

COMPRA DE UN CENTENAR Y MEDIO DE COCHES ELÉCTRICOS EN 2021

La Junta apuntaba que su deseo con ese Plan de Ahorro del Parque Móvil era también lograr "la eficiencia en el uso de los recursos", así como una movilidad sostenible, para blandir aquí la compra de "una flota de 147 vehículos 100% eléctricos a finales de 2021" que, reivindica como "la mayor adquisición de vehículos 100% eléctricos en el ámbito de las administraciones públicas", además de presentarlo como "un paso decidido hacia la progresiva descarbonización de su flota".

AGENCIA DE LA COMPETENCIA PIDE LICITAR LOS SERVICIOS AUTOMOVILÍSTICOS

El proyecto de Ley de Patrimonio de Andalucía lleva anexo informes de, entre otros organismos, de la Comisión Nacional de Mercado de Valores, el Consejo Andaluz de Universidades, el Consejo General del Poder Judicial o la Agencia de la Competencia y de la Regulación Económica, además de los habituales del Gabinete Jurídico, el Consejo Consultivo y el Consejo Económico y Social (CES).

La Agencia de la Competencia reconoce que es "una novedad" la previsión sobre el parque móvil por ser "la primera vez que se contempla expresamente" una disposición específica.

A partir de ese reconocimiento advierte a la Junta de que la regulación de los servicios automovilísticos con el Reglamento que anuncia "puede plantear implicaciones desde la perspectiva de la competencia y de los principios de una buena regulación económica" y le pide entonces "definir con mayor precisión qué se entiende por servicios automovilísticos", ya que ni el citado artículo ni el resto del borrador precisan su contenido".

Tras apelar a que "puede interpretarse que dicho término abarcaría actividades como la gestión de flotas y logística; el mantenimiento de los vehículos (revisiones, reparaciones, ITV, entre otros); la contratación o asignación del personal conductor; los servicios de repostaje, limpieza, aparcamiento y asistencia técnica; la gestión de seguros, incidencias, siniestros y partes de accidente", apela a que "el futuro reglamento garantizara que estos servicios se asignen con sujeción a procedimientos de licitación pública".

El propósito sería "preservar el funcionamiento competitivo del mercado" y de esa forma asegurar "el libre acceso, la igualdad de trato y la eficiencia en el uso de los recursos públicos, evitando adjudicaciones directas o prácticas que limiten la entrada de nuevos operadores o generen distorsiones en el mercado".

GABINETE JURÍDICO: LAS EMPRESAS PÚBLICAS EXCLUIDAS DEL PARQUE MÓVIL

En el caso del Gabinete Jurídico apunta en su informe que "no se entiende qué se quiere decir con el inciso 'así como las normas aplicables al parque móvil de los consorcios, sociedades mercantiles y fundaciones del sector público andaluz'".

Apunta en este sentido que "si los vehículos de estas entidades están excluidos del concepto de parque móvil delimitado en el anterior apartado, y por tanto están fuera de la nueva Ley del Patrimonio, no parece lógico ni coherente que a continuación se diga que esta materia se desarrollará reglamentariamente".

"Sugerimos su supresión, o bien que se les dedique algún apartado del precepto, con alguna regulación sustantiva", remata su reflexión en este sentido el Gabinete Jurídico.