Andalucía imita a Cataluña: quiere gestionar Cercanías si el Gobierno paga 6.000 millones

Andalucía está dispuesta a asumir la gestión de la red de Cercanías que discurra por la comunidad autónoma tal y como ha pactado ERC con el PSOE para facilitar la investidura y el Gobierno de Pedro Sánchez. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, así se lo anunció el pasado miércoles durante el Debate sobre el Estado de la Comunidad a la portavoz de Por Andalucía en la región, Inmaculada Nieto, y, ayer, el Grupo Parlamentario Popular dio un paso más apoyando una propuesta de resolución en la Cámara sobre este asunto.

«Si a mí mañana el Gobierno me garantiza los 6.000 millones de euros que le va a dar a Cataluña para asumir Cercanías, yo le digo que lo firmo mañana por la mañana y asumo los Cercanías de Andalucía sin ningún problema», aseguró Moreno en la Cámara autonómica ante la reclamación que le había hecho previamente la líder de Sumar en la comunidad.

De momento, el compromiso es firme porque el Partido Popular ha apoyado una propuesta de resolución de Por Andalucía presentada en la última jornada del debate sobre la situación de la región.

La propuesta apoyada por el Grupo Popular dice: «El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a solicitar una convocatoria de la Comisión Mixta de Transferencias Administración del Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía a fin de reclamar el traspaso integral de la Administración General del Estado a la Junta de Andalucía, a lo largo de la presente legislatura, del servicio de transporte ferroviario cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en territorio andaluz, contemplado en el artículo 64 del Estatuto de Autonomía como competencia exclusiva de la comunidad autónoma».

El artículo 64 del Estatuto de Autonomía de Andalucía avala esta posibilidad. Hay que recordar que esta norma se inspiró precisamente en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que también recoge esa opción y es en la que escuda el Gobierno de España para aceptar este traspaso.

Durante la aprobación de los denominados estatutos de autonomía de segunda generación, cuando José Luis Rodríguez Zapatero era presidente del Gobierno, Andalucía siguió la estela de Cataluña y asumió el principio que entonces defendía el presidente andaluz Manuel Chaves, que repetía incesantemente que «lo que es bueno para Cataluña es bueno para Andalucía».

Bajo esa paraguas, toda competencia que incluyó el Parlamento catalán en su estatuto era replicada –en algunos casos con matizaciones– en la máxima norma legal autonómica. Ahora parece que se repite la estrategia.

En cualquier caso, el traspaso de las competencias ferroviarias no es un asunto sencillo, ni aunque se haya firmado con Cataluña. Se trata de servicios generalmente deficitarios y que requieren mucha inversión pública para su mantenimiento. De hecho, el denominado Plan de Rodalies de Cataluña 2020-2030 –que así se llama el servicio de Cercanías– incluye una inversión de 6.345 millones por parte del Gobierno de España del que ya se han ejecutado algunas partidas.

Además, existen dudas sobre la constitucionalidad de este tipo de traspasos al tratarse de infraestructuras básicas para el conjunto del país que pueden formar parte de líneas de comunicación más amplias y, por tanto, serían competencia exclusiva estatal. Algo similar a lo que ocurrió con las competencias del Guadalquivir, que aunque el 90 por ciento discurra por territorio andaluz, la cuenca también pertenece a otras regiones y el Tribunal Constitucional anuló ese traspaso que se formalizó cumpliendo el Estatuto andaluz y se anuló tras la sentencia judicial.

Más allá de que se formalice o no el traspaso, o que la Junta llegue a formalizar esa petición, Moreno refuerza su discurso de que está centrado solo y exclusivamente en Andalucía. Esa es la imagen que ha querido trasladar durante los dos días del Debate sobre el Estado de la Comunidad, en contraposición a PSOE y Por Andalucía (la marca andaluza de Sumar), más pendientes de explicar los acuerdos del Gobierno de España del que sus partidos forman parte con el independentismo catalán y vasco.

Sin ir más lejos, el PSOE y Sumar no apoyaron una propuesta del PP en la que reclamaba que el Parlamento andaluz rechazara los pactos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con los partidos independentistas que «quebrantan» el orden constitucional, como supone la ley de amnistía; reclamaba la igualdad entre todos los españoles y territorios, e instaba a la Junta a adoptar medidas en los ámbitos institucional, ejecutivo y judicial en contra de los «agravios» a Andalucía.

El PP considera que estos acuerdos «perjudican gravemente a Andalucía» y solicita que se adopten las medidas oportunas y necesarias en «el ámbito institucional, ejecutivo y jurisdiccional» en las distintas instancias españolas y de la Unión Europea, para garantizar la defensa del estado de derecho. La izquierda andaluza no considera que sea así.