Andalucía, a diferencia del País Vasco o Cataluña, no cuenta con una policía autonómica, pero sí con una Unidad de Policía de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Lo hace en virtud de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que permite a aquellas Comunidades Autónomas cuyos Estatutos recojan la posibilidad de crear Cuerpos de Policía propios y no hicieran unos de tal competencia, la posibilidad de adscribir una Unidad del Cuerpo Nacional de Policía para el ejercicio de las funciones previstas en el artículo 38.1 de la citada Ley.

Actualmente, la Unidad cuenta con 345 efectivos sobre un catálogo de puestos de trabajo de 725, pero el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, anunció ayer que quiere llegar hasta «prácticamente a los 1.000 agentes», lo que supondría casi triplicar la cantidad de efectivos con los que cuenta.

Este mensaje lo trasladó el presidente andaluz durante su discurso en el acto de imposición de condecoraciones al personal de dicha unidad adscrita celebrado en Sevilla con motivo del Día de la Policía Nacional Adscrita, que se celebra desde 2020 con el objetivo de «reconocer el trabajo que desarrollan los agentes que componen la unidad durante todos los días del año para velar por la seguridad ciudadana en las ocho provincias de la comunidad autónoma andaluza».

El camino no será fácil. De hecho, para ampliar la plantilla actual ha habido que negociar durante 6 años con el ministerio del Interior hasta que finalmente se formalizó un convenio para incrementar la plantilla de la Unidad de la Policía Nacional Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía (UPA). El acuerdo contempla que el Ministerio se compromete a cubrir progresivamente las plazas vacantes de la mencionada Unidad, al objeto de que en cuatro años, en 2029, la Unidad contará con 270 nuevos agentes, alcanzando la cifra de 632 agentes.

Por su parte, la Junta de Andalucía asume la mitad de las retribuciones de los funcionarios que trabajen en la Unidad Adscrita, que comprenden tanto el sueldo base y las pagas extras como todos los complementos salariales, incluyendo los de destino, específico, territorialidad y productividad. En 2025, supondrá una inversión de diez millones de euros y, en 2029, la inversión total ascenderá a 63,4 millones de euros (11,4 en 2026; 12,7 en 2027; 14 en 2028; y 15,3 en 2029).

El convenio recoge también que en 2025 se cubrirán 70 plazas en comisión de servicio urgente y que, durante los cuatro años de vigencia de éste, el Ministerio se compromete a sacar un concurso específico de méritos, cada uno de ellos para otros 50 agentes, a los que se sumarán los correspondientes a la tasa de reposición (jubilaciones, ascensos y concursos de traslados). Con ello, durante el primer año de vigencia de este acuerdo, el Ministerio del Interior convocará 120 plazas (70+50).

Por tanto, a ese ritmo de cobertura, hablar de 1.000 plazas no sería posible, en el mejor de los casos, hasta 2030.

Moreno encuadró su petición en que, entre otros motivos, la Unidad asume nuevas competencias. En concreto, una estrategia enfocada a «reforzar la legalidad, calidad y seguridad del sector turístico andaluz», y, por otro, «un protocolo para ayudar a prevenir las agresiones contra el personal sanitario», que lamentablemente se siguen dando «y debemos cortar de raíz».