Andalucía se suma a Madrid y recurre el impuesto a las grandes fortunas del Gobierno

Andalucía eleva, como anunció hace meses y como hizo Madrid, al Tribunal Constitucional el recurso al impuesto a las grandes fortunas del Gobierno de Pedro Sánchez alegando, más allá del perjuicio económico, que también sobre todo porque ahuyenta capitales más que por el impacto inmediato, la invasión de competencias. Unos mil andaluces –puede que menos por «errores técnicos» del Ministerio– se verán afectados por la tasa creada ad hoc por el Ejecutivo central después del anuncio de Juanma Moreno de bonificar el impuesto de Patrimonio. Con el aval del Consultivo –el voto de calidad de la presidenta resolvió el dictamen favorable a la cuestión de inconstitucionalidad–, el gabinete jurídico presentará «en los próximos días» el recurso. Si Madrid habló de pérdidas de unos 6.500 millones, Andalucía se centra más en la potestad legislativa. El cálculo andaluz es de que por cada por cada euro de Patrimonio se pierden cinco de IRPF. Para la Junta de Andalucía, la tasa a las grandes fortunas supone «un ataque frontal a la autonomía». «No nos preocupa excesivamente la recaudación, nos preocupa la invasión de competencias y el efecto huida», defendió la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España.

El «mal llamado impuesto solidaridad de las grandes fortunas», en palabras del portavoz del Ejecutivo andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, supone un «impuesto contra Andalucía». «El Gobierno de Juanma Moreno no va a permitir que nadie pisotee nuestra autonomía ni ningún tipo de injerencia en nuestra autonomía fiscal», señaló Fernández-Pacheco. La Junta pide «la suspensión cautelar del recurso».

El Consultivo considera fundada la interposición del recurso de inconstitucionalidad y avala la solicitud de suspensión cautelar del nuevo tributo estatal que planteará en su recurso el Gobierno andaluz, con la intención de que los contribuyentes que se vean afectados por dicho impuesto no se vean obligados a hacer frente al primer pago del mismo, mientras el Tribunal Constitucional decide sobre su aplicación. El informe del Consejo Consultivo era un trámite preceptivo, aunque no vinculante, antes de poder presentar el recurso, recordó la consejera de Hacienda Carolina España. La Junta de Andalucía disponía hasta final de marzo para formalizarlo (tres meses después de la publicación en el BOE y entrada en vigor de la Ley recurrida), pero no va a ser necesario agotar el plazo.

El Consejo Consultivo da por buenos los argumentos planteados por el Gobierno andaluz en el recurso contra el artículo 3 de la Ley 38/2022, de 27 de diciembre, de creación de dos nuevos impuestos para las entidades financieras y las empresas energéticas, por el que se crea también el denominado Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas. Estos argumentos son básicamente tres: la invasión de competencias normativas que son propias de las comunidades autónomas, lo que infringe diversos artículos de la Constitución, el Estatuto y la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA); la vulneración del artículo 23 de la Constitución debido al irregular procedimiento por el que se ha aprobado el nuevo impuesto, mediante la incorporación de una enmienda durante la tramitación de una ley para la creación de otros dos impuestos; y la vulneración del principio de seguridad jurídica, recogido en el artículo 9.3 de la Constitución.

El Consejo Consultivo entiende, como el Gobierno andaluz, que, con la creación del nuevo impuesto, el Gobierno central invade competencias normativas que son ejercidas legítimamente por las comunidades autónomas.

El Gobierno andaluz considera que el nuevo impuesto supone un ataque directo contra la autonomía financiera de las comunidades autónomas y, en particular, contra la autonomía financiera de Andalucía. «Lo que ha pretendido el Gobierno es hacer oposición al Gobierno andaluz de forma ilegítima saltándose las leyes», señaló la consejera de Hacienda andaluza, Carolina España.