Andalucía se seca: medidas extremas para una situación límite

La sequía «quita el sueño» al presidente y a todo el Gobierno andaluz. Su incidencia en la calidad de vida de los andaluces es ya manifiesta. Se calcula que más de tres cuartas partes de la población, entre 6 y 7 millones de personas, sufre ya sus consecuencias de una u otra forma. Las restricciones o la reducción de presión del agua son ya obligadas en muchos municipios porque la capacidad de los embalses continúa por debajo del 20% pese a las recientes y, al mismo tiempo, insuficientes lluvias. Por desgracia, la sequía cuesta ya muchos puestos de trabajo. Los datos del desempleo del mes de noviembre dados a conocer ayer redundaban en ello: «El paro en la agricultura ha bajado un 42% menos de lo que bajaba hace un año», alertó ayer la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España.

Situaciones excepcionales obligan a adoptar medidas urgentes porque la falta de recursos hídricos supone una amenaza para la economía de la región, no sólo en su vertiente agraria, sino también en la turística e industrial. La Junta de Andalucía lleva más de dos años dando respuestas de emergencia a través de la aprobación de tres decretos de sequía. Ahora da un paso más allá y, mientras prepara un cuarto decreto, hoy la consejera Carmen Crespo presenta la «Estrategia Sequía Plus», tras su aprobación en el Consejo de Gobierno. Se trata, como ya avanzó el propio presidente Juanma Moreno durante el Debate sobre el estado de la Comunidad, de que Andalucía esté preparada ante la posibilidad del peor escenario posible. Es decir, que las lluvias en los próximos seis meses no alivien todo lo deseable el actual estado crítico de muchos pantanos y salten todas las alarmas en el mes de junio. Anticipándose a este escenario, la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha diseñado un plan de actuaciones de emergencia a corto plazo. Moreno y su equipo de Gobierno ya hablan con temor del «peor verano de las últimas décadas».

La estrategia en sí consta de cinco áreas de actuación.Primero, garantizar el abastecimiento a la población en el caso de situaciones extremas, por ejemplo, con desaladoras portátiles en la Costa del Sol y La Axarquía; segundo, actuaciones en estaciones depuradoras de aguas residuales para impulsar tratamientos terciarios para la puesta en servicio de más recursos de aguas regeneradas; tercero, activación de pozos en desuso para liberar nuevos recursos hídricos; cuarto, la instalación de tomas flotantes en las presas de La Viñuela, en la provincia de Málaga, y Guadarranque, en la provincia de Cádiz, que permitan extraer agua a niveles bajos (La Viñuela se encuentra al 7,58% y el embalse de Zahara-El Gastor, al 3,7%); y quinto, ejecutar tomas de conexión en los puertos para facilitar a los operadores las tomas de agua más cercanas con barcos que pueden transportar hasta 100.000 m3.

Además, el Gobierno prevé aprobar en enero el cuarto decreto de sequía, en el que se aprobarían ya restricciones más drásticas, si el estado de los embalses no mejora. Hasta ahora se han tomado medidas de ahorro (del 10% o del 20%) a través de los comités de gestión de la sequía, pero realmente los ciudadanos no están sufriendo esas recortes directos en sus grifos. Limitaciones de uso en zonas verdes o reducción de presión en horarios nocturnos, por ejemplo. Prácticamente, solo en Los Pedroches (Córdoba) sigue habiendo problemas de abastecimiento.

La dirección general de Infraestructuras del Agua ya ha sacado a licitación la terminación de las obras de conducción de abastecimiento del embalse de La Colada por un importe superior a 11 millones de euros. Una obra que se alargará durante 15 meses.

En materia hídrica se han realizado más de mil actuaciones desde 2019 –incluidas las ejecutadas en cauces; no solo infraestructuras– en una muestra de que ha sido una preocupación del Ejecutivo desde el inicio del periodo seco.

La Junta prevé invertir hasta 4.000 millones de euros hasta 2027. El Gobierno de Andalucía afirma haber auxiliado al Estado en 76 infraestructuras hidráulicas de su competencia. Recientemente, además, se ha conocido que el Gobierno andaluz volverá a cobrar el canon de mejora en la factura del agua de los andaluces (140 millones al año), suspendido en 2023 como ayuda a las familias en un periodo de alta inflación, pero en la actual situación todos los recursos son necesarios para ejecutar las infraestructuras necesarias. Incluso, la Junta reclama más fondos europeos para destinarlos a proyectos estratégicos hidráulicos.