
Economía
Andalucía sería la región más perjudicada por el hachazo fiscal de Montero
En el caso de que no se suba el mínimo exento del IRPF, los más de medio millón de perceptores del Salario Mínimo Interprofesional en la comunidad tributarán por el aumento, a lo que se opone UGT

La subida del Salario Mínimo Interprofesional de 2025 podría, por primera vez, no ir acompañada de un incremento del mínimo exento en el IRPF. En la práctica, eso supondría que el Ministerio de Hacienda que lidera María Jesús Montero obligaría a los beneficiarios a tributar en forma de retenciones el 42% de la subida, un «hachazo fiscal» para los trabajadores con menos renta. De ser así, Andalucía será la región con más personas afectadas.
Cuando se aprobó el incremento del Salario Mínimo Interprofesional para 2024, el Ministerio de Trabajo y Economía Social elaboró una estimación de la distribución territorial, sectorial, por sexo y por edad de las personas beneficiarias que iban a recibir este incremento aprobado en el Consejo de Ministros del pasado 6 de febrero. El incremento de las nóminas se fijó en 1.134 euros al mes en 14 pagas y, según el cálculo ministerial implicaba a cerca de 2.466.000 personas trabajadoras. Andalucía (510.500), Comunidad de Madrid (387.300), Comunidad Valenciana (306.400) y Catalunya (300.100) eran las comunidades autónomas que agrupaban en torno a la mitad de las personas beneficiarias tras el análisis realizado de los microdatos de la Encuesta de Población Activa (EPA) de 2022 con salarios del empleo principal.
Este análisis sigue vigente y podría incluso modificar al alza estas cifras por lo que el cambio de criterio del departamento de María Jesús Montero supondría un claro perjuicio para más de medio millón de trabajadores andaluces, justo cuando la vicepresidenta del Gobierno va a convertirse en la secretaria general del PSOE andaluz y aspira a recuperar la Junta para su partido.
Precisamente ayer, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, recibió el III Informe del grupo de expertos encargados de estimar el salario medio neto a tiempo completo correspondiente a 2024 y proponer la subida del SMI vigente de manera que lo actualice al 60% del salario medio neto. Este grupo propone un aumento del SMI bruto en 2025 del 3,44% o del 4,41%, dependiendo de la forma específica de estimar el SMe neto para situar el SMI de 2025 en el 60% del Salario Medio neto (SMe) de 2024 . La ministra se decanta por la segunda opción, la del 4,4, lo que supondría un incremento mensual de casi 50 euros y un porcentaje de incremento muy por encima del IPC de 2024, que ha cerrado en el 2,8. Actualmente, el umbral de renta exento de IRPF está fijado tras la modificación que sufrió para adaptarlo a la subida del SMI de 2024 en 15.876 euros. Eso significa que 5,2 millones de contribuyentes no deberán presentar dicha obligación tributaria al encontrarse por debajo del mínimo. En el caso de que el SMI pase a 1.184 euros en 14 pagas, la cifra final anual sería de 16.576 euros, por lo que los 700 euros de subida tendrían que tributar y, en la práctica, las personas con ese nivel salarial dejarían de percibir hasta 300 euros que regresarían a Hacienda.
De momento, el sindicato UGT advirtió la semana pasada que se opone a un acuerdo que no contemple la exención del IRPF al nuevo SMI. Para UGT, la prioridad del sindicato es garantizar que el importe del SMI llegue «neto a las personas trabajadoras que lo perciben, quienes representan a las capas más desfavorecidas de la población y requieren un mayor apoyo institucional». Según una nota de la central sindical, «este objetivo implica también una responsabilidad directa del Ministerio de Hacienda para asegurar que estas medidas se implementen adecuadamente».
El regreso de Montero a la política andaluza manteniendo su cargo de vicepresidenta primera del Gobierno hace que cada medida que tome se analice con detalle en la región. Esta misma semana, la Junta de Andalucía le ha reprochado que la comunidad «pierda» 76 millones de euros por el criterio decidido para el reparto entre las regiones del impuesto de la banca, ya que se ha optado por el PIB y no por el nivel de población. En concreto, 9 euros menos que la media; 14,5 euros menos que Cataluña y 18,56 euros menos que el País Vasco.
A todo ello hay que sumar el principal tema de reivindicación en Andalucía en la última década, como es el asunto de la financiación autonómica. Una brecha denunciada por la propia Montero cuando era consejera y que no ha solucionado desde que fue nombrada ministra de Hacienda en junio de 2018 en el primer Gobierno de Pedro Sánchez.
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