Apuesta por la construcción industrializada en la obra pública

La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Industria, Energía y Minas (nuevo nombre desde la semana pasada), apuesta por la «puesta en marcha de planes de información, difusión y promoción pública-privada de los beneficios y potencialidades de la construcción industrializada y sus bondades en torno a la sostenibilidad y calidad de la edificación, incluyendo promover el papel ejemplarizante de las Administraciones Públicas, particularmente de la Administración regional y local, en cuanto a la aplicación de la construcción industrializada en los edificios, dotaciones e infraestructuras públicas, con objeto de visualizar los beneficios y potencialidades». Así consta en uno de los objetivos específicos del Plan de cadena de valor «Crece» Industria para la edificación en Andalucía, recientemente aprobado por el departamento que dirige Jorge Paradela.

La construcción industrializada se basa en el desarrollo de una «fábrica de edificios», es decir, un sistema que permite el desarrollo de casas, oficinas o infraestructuras destinadas a prestar servicios educativos o sanitarios sin necesidad de que se ejecuten a pie de obra.

Según se detalla en el plan, se trata de un modelo de construcción «de futuro», que aprovecha de forma masiva las oportunidades de desarrollo industrial, los recursos y de generación de empleo industrial y que persigue el posicionamiento de Andalucía «como referente de industrialización del sector de la construcción».

El modelo de construcción industrializada también se denomina de construcción seca u «offsite» y aporta numerosas ventajas al proceso constructivo, entre las que destaca «la calidad de la construcción, el mayor control del plan de las obras, las posibilidades de digitalización, así como la construcción de edificios confortables, inteligentes y ecosostenibles».

El sector de la construcción tradicional tiene que afrontar varios problemas actualmente, entre los que destaca la falta de mano de obra especializada y de relevo generacional. No existen profesionales cualificados y cada vez menos jóvenes se especializan en trabajos como albañiles, capataces, carpinteros, trabajos verticales u operarios de hormigón.

Según la Encuesta de Población Activa del último trimestre de 2022, el sector de la construcción, con 201.600 ocupados suponía el 6,2 por ciento del total de trabajadores en la comunidad. Por ejemplo, en el segundo trimestre de 2008, cuando ya se notaba la desaceleración económica y la crisis vinculada al ladrillo, la construcción suponía, con 437.900 personas, el 13,77% del total de ocupados en Andalucía.

El sector es consciente de esta situación y, de hecho, este plan –que cuenta con aval de los sindicatos UGT y CC OO y la patronal CEA– hace mención al «impulso de las federaciones de promotores y constructores andaluzas FADECO Constructores y FADECO Promotores de Andalucía, lo que refuerza la participación de las empresas que promoverán los «edificios ecosostenibles industrializados» y los construirán».

Actualmente, en Andalucía existen 65.315 establecimientos con actividad principal en el sector de la construcción. En el caso de la construcción industrializada, solo se han contabilizado 6 industrias de las 51 que existen en España: dos de ellas en Almería y dos en Málaga, ubicándose las industrias que viene realizando actividad industrial de construcción de vivienda prefabricada en Sevilla y Córdoba.

Ahora bien, sí existe un amplio tejido empresarial dedicado a la fabricación de materiales y elementos constructivos. Entre ellas, destacan las más de 2.300 empresas encuadradas en la «fabricación de otros productos minerales no metálicos», las más de 1.800 industrias de la «madera y del corcho», o las más de 200 empresas de fabricación de material y equipo eléctrico» que deberán adaptarse al nuevo modelo de construcción industrializada, para aprovechar las oportunidades ligadas al sector

A finales de 2020, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía acordó la elaboración de lo que denominó «la nueva política industrial de Andalucía con horizonte 2030», un proyecto político que prima la colaboración público-privada y con otras administraciones y que persigue el diseño de actuaciones y objetivos que mejorar la modernización e incrementar la productividad del tejido industrial andaluz y favorecer la atracción de nuevas inversiones y las exportaciones.