Sevilla

Sucesos

Así actúan los furtivos en Doñana: sorprendidos in fraganti cazando patos salvajes

Los hechos ocurrieron entre los ríos Guadiamar y Guadalquivir en el término municipal de Isla Mayor

Agentes del Seprona de la Guardia Civil investigan a dos vecinos de la localidad de la Puebla del Rio (Sevilla) por la supuesta comisión de un delito contra la flora y la fauna y otro de resistencia y desobediencia a los agentes de la autoridad tras ser sorprendidos cazando de manera furtiva patos salvajes en terrenos del Parque Natural de Doñana en el término de Isla Mayor (Sevilla).

Los hechos ocurrieron el pasado mes de noviembre entre los ríos Guadiamar y Guadalquivir en el término municipal de Isla Mayor. Realizando un servicio de control específico de actividades cinegéticas, los agentes oyeron varias detonaciones que procedían de un espacio protegido en el que no está permitida la caza, ha relatado el Instituto Armado en una nota de prensa.

Los agentes sorprendieron a dos tiradores desarrollando la actividad ilícita. Éstos, al detectar la presencia policial, comenzaron a correr entre la maleza. Al verse cercados por sus perseguidores, decidieron cambiar su dirección de huida, tratando de escapar introduciéndose dentro de la laguna en la que estaban cazando.

Una vez identificados y comprobadas las armas de los infractores, regresaron al puesto de tiro donde inicialmente fueron localizados. En el lugar, localizaron quince reclamos de patos vivos utilizados para atraer a patos salvajes. Además, hallaron varias piezas de cazas que minutos antes de ser interceptados habían conseguido.

Los delitos a los que se enfrentan los implicados, pueden llegar a ser castigados con penas de prisión de entre tres meses y un año, además de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de cazar por el tiempo de dos a cinco años, así como privación del derecho para la tenencia y porte de armas por el mismo periodo.

Además de instruir un atestado policial, los agentes procedieron a la tramitación de varias denuncias administrativas por infringir artículos de la legislación medioambiental. En los casos más graves denunciados, las sanciones podrían oscilar entre los 3.001 y los 200.000 euros.

Tanto las armas utilizadas para la comisión de los ilícitos penales como las piezas de caza cobradas ilegalmente han sido intervenidas y puestas a disposición judicial.