La Atención Temprana reclama más personal

La Asociación Patronal Andaluza de Atención Temprana (Apaat) alza la voz contra la Junta en un acto de presión a la Administración por la situación en las listas de espera en la comunidad. Desde la entidad consideran prioritaria la creación de una mesa técnica que acabe con los «palos de ciego». Según denuncian, la necesitada mejora de presupuesto por parte del Sistema Andaluz de Salud (SAS) ha sido destinada a la plataforma de gestión informática «Alborada» en vez de a la ampliación de personal, sin la cual es imposible reducir las listas de espera. Desde Apaat consideran que se está tratando de abordar esta reducción aplicando exigencias a los Centros de Atención Infantil Temprana (CAIT) como requerimientos de altas o reportes de absentismos. Un CAIT es un centro que presta atención especializada a la población infantil entre 0 y 6 años, familia y entorno, y que tiene por objetivo dar respuesta lo antes posible a las necesidades transitorias o permanentes de niños y niñas que presentan trastornos en su desarrollo o riesgo de padecerlos, utilizando para ello técnicas específicas de Atención Temprana. «Si nos van a exigir que, en vez de valorar en siete sesiones, valoremos en tres y que se den altas por buena evolución, cuando nuestro criterio indica que no hay que darlas, lo que está bajando es la calidad y tenemos las plazas que tenemos», denuncian.

La exigencia de dar más altas entre los niños también es considerada incoherente porque se trata de pacientes cuya «curación» nunca es completa.

Apaat protesta por el hecho de que las cifras oficiales de las listas de espera se estén «falseando» con trampas en el conteo: cuando los niños son admitidos en las unidades de cribado previas al CAIT, son eliminados de la lista de espera del centro, pese a que forman parte de listados separados.

Desde estos centros sienten que existe un enfrentamiento con la Administración, que ahora aumenta las inspecciones rutinarias mediante un nuevo programa que para los CAIT se traduce en una mayor presión. Además, el cálculo de las ratios de profesionales por centros se ha modificado de forma perjudicial para los mismos, ya que donde antes se contaba solo al equipo básico (logopedas, psicólogos y fisioterapeutas) ahora han de incluir a los terapeutas ocupacionales, entre otros, lo que ha hecho que las entidades privadas que optan a la gestión hayan presentado ofertas «anormalmente bajas» que suponen su exclusión del concurso. En Andalucía existen en la actualidad 211 CAIT, de los cuales 19 son gestionados por ayuntamientos y 192 son de gestión privada concertada. Ahora, con los cambios de la nueva acta presentada por la Junta, muchas de estas entidades no van a poder optar, motivo por el cual la patronal decidió la impugnación del acta por «injusta», algo que fue rechazado por el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía (Tarcja).

«Los requerimientos que llegan para justificar son que quitemos a los profesionales que no son del equipo básico, con lo cual se entiende que estarían modificando su oferta. El 90 % de las entidades lo ha justificado así. Pero ahora sacan una segunda acta que rectifica lo anterior y se vuelve a pedir justificación. Esto pasa porque no hay un diálogo con el sector. De ahí que se pida una mesa técnica», explican.

Otra reivindicación de Apaat es el pago que reciben por parte de la Junta por sesión ofrecida; actualmente la retribución está cifrada en 30 euros. «Mediante peritos económicos propios hemos calculado que el precio por sesión debería ser de al menos 36 euros para que fuéramos rentables. Ahora conseguimos mantenernos porque ofrecemos servicios privados a las familias de los niños que cumplen más de 6 años y quieren mantener la atención», comentan.

Otros aspectos que critican es la falta de regulación en temas como el derecho a huelga y los servicios mínimos correspondientes: «Mañana tenemos convocatoria de huelga y no sabemos qué decirle a los trabajadores, cuántos tendrían que acudir a su puesto porque no existe una regulación clara, es algo que no puede seguir pasando», protestan.

La esperanza de las entidades es la creación de la mencionada mesa técnica, que incluya representación de todos los sectores envueltos y donde la Junta escuche las peticiones que desde la patronal se hacen. En el próximo mes de noviembre se celebrará una reunión con la administración y, aunque desde Apaat temen que sea una simple concesión «electoralista», confían en que sea el primer paso para el establecimiento oficial de la mesa técnica.