Indulto a Griñán: la Fiscalía tiene la palabra

«Dada cuenta, presentado el anterior escrito por la Junta de Andalucía, únase a los autos de su razón y dese traslado de la siguiente pieza separada de petición de indulto al Ministerio Fiscal a los efectos de que sea emitido informe», señala una providencia de la Audiencia de Sevilla, con fecha de 19 de marzo pero notificada este Miércoles Santo, a la que accedió LA RAZÓN. En resumen, la Audiencia hispalense pide a la Fiscalía que informe sobre la petición de indulto planteada por el ex presidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán –quien no entró en la cárcel a causa del cáncer que padece pese a ser condenado a seis años por el fraude de los ERE– y de los otros condenados por malversación en la causa.

La Sección Primera de la Audiencia pide al Ministerio Público que emita su informe, después de que la Junta de Andalucía emitiera el suyo como acusación particular pese a la negativa de Griñán a ello. La ley de amnistía tapó en parte el proceso de indultos del «caso ERE», que continúan su tramitación. La Audiencia de Sevilla pidió a los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía que se pronuncien sobre la petición por parte del ex presidente andaluz José Antonio Griñán. La Administración andaluza recalcó que contestó argumentando criterios jurídicos y no políticos. La defensa de Griñán expuso que la Junta no debía ser cuestionada sobre el asunto al entender que no es parte perjudicada en el mismo. «No soy partidario de indultos y menos a condenados por corrupción». En esos términos se refirió el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, sobre la solicitud de la Audiencia de Sevilla a la Administración andaluza para que se posicione sobre la petición de indulto del ex presidente andaluz y de otros condenados en el «caso ERE» para quedar exonerados de los cargos. Moreno aclaró que sí se mostró a favor de la no entrada en prisión de Griñán debido al cáncer que padece pero se muestra en contra del indulto. En una entrevista en LA RAZÓN, el consejero de Justicia de Andalucía, José Antonio Nieto, señaló que cree «que en la mente del PSOE ha estado siempre el indulto a Griñán y seguramente no sólo a Griñán» aunque la amnistía a los condenados por el Procés ha dejado la causa en segundo plano.

La respuesta de la Junta sobre los indultos fue tajante: «Lo único que cabe manifestar por esta administración, considerando su exclusiva condición de perjudicada, respecto a la petición de indulto solicitada, es que a la fecha actual aún no ha sido resarcida por quienes han sido condenados», se señala en el escrito a la Audiencia, en el que se recuerda que se están llevando «a cabo todo tipo de actuaciones para la recuperación de lo defraudado, utilizándose todas las vías jurídicas posibles». La Junta dice en el escrito que los perjuicios y menoscabo causados a la hacienda pública andaluza y a todos los andaluces» ascienden a «la cantidad de 679.412.179 euros».

La defensa de Griñán alegó que ni la Junta es parte en estas actuaciones en cuestión ni la pena de cárcel impuesta al expresidente andaluz incluye perjuicio ni condena por responsabilidad civil, con lo que la representación del expresidente advirtió de que no pesan perjudicados en estas actuaciones concretas. Así, la representación de Griñán solicitó en su recurso de súplica dejar sin efecto la providencia de la Audiencia. La Audiencia rechazó la queja de Griñán como incidente de nulidad bajo argumentando su defensa que permitir que la Junta se pronuncie suponía la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva. El letrado de Griñán entiende que la Junta ejerció la acusación particular pero en su momento, por recomendación de los servicios juridicos, pidió el sobreseimiento de las actuaciones. No obstate, la Junta sí se reservó su derecho a ejercer acciones civiles.

El ex presidente Griñán y otros condenados abrieron la vía del indulto tras la condena en la pieza por el procedimiento específico de los ERE, con sendos recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional. La Fiscalía del Tribunal Constitucional mantuvo en enero la tesis de que deben ratificarse las condena, apoyando que se estimen parcialmente los recursos de amparo de ocho de los doce condenados, en concreto, por uno de los motivos relacionados con el delito de prevaricación.