Caos en la obra pública: los municipios se resisten a revisar los precios

La invasión de Ucrania por parte de Rusia hace ya un año puso a las claras la guerra energética que Moscú llevaba librando con los países de la UE desde hacía meses. El precio de la electricidad tocó techo y, como consecuencia, el de las materias primas. A mediados de 2022, los precios de los materiales de construcción eran un 38% superior a los de 2020, por lo que las administraciones se vieron obligadas a revisar los contratos de obra pública para que los contratistas no paralizasen proyectos ya firmados y puestos en marcha, y no se destruyese empleo.

El Ministerio de Transportes aprobó en marzo de 2022 un decreto de revisión de precios de materiales «en un contexto de alza de precios extraordinaria de las materias primas que no pudieron ser tenidas en cuenta por las empresas a la hora de preparar sus ofertas». Posteriormente, las comunidades asumieron este decreto, sacando su propia norma. La andaluza estuvo apunto de ser recurrida por el TC, pero finalmente la Junta pudo mantener su decreto una vez modificados tres de sus puntos.

Sin embargo, «numerosos ayuntamientos no están aplicando la norma». Así lo denunciado el Círculo de Empresas Andaluzas de Construcción, Consultoría y Obra Pública (CEACOP), en una nota de prensa, en la que han instado a las entidades locales a que se acojan al sistema, al igual que están haciendo las administraciones central y autonómica. Muchos ayuntamientos, denuncian, «están optando por el silencio administrativo o incluso denegando las revisiones».

«Lo que está sucediendo es duro e injusto. No resolver favorablemente las solicitudes de revisión e incluso más si cabe el silencio administrativo, está obligando a las empresas a recurrir a la vía judicial», explica el gerente de la asociación, Arturo Coloma, quien también advierte que «muchas licitaciones están quedando desiertas o sin realizarse».

Desde CEACOP también explican que este decreto de revisión de precios no es la panacea ya que, «el impacto real en los costes ha sido superior al 30%», por lo que «esta legislación solo lo resuelve en una pequeña parte al no recoger las subidas de energía».

Coloma advierte también que hay un porcentaje elevado de proyectos que «son inviables económicamente, poniendo en riesgo el futuro de las empresas y sus trabajadores». Ceacop pone el acento en la problemática que esto supone para las pequeñas y medianas empresas que trabajan para entidades locales, ya que son las que sufren directamente los efectos «y no tienen capacidad para soportar estas pérdidas».

Según la patronal de la construcción, los ayuntamientos deberían, por encima de otras consideraciones, aplicar la legislación y evitar el daño producido en los contratos afectados, así como la litigiosidad que conlleva, «que es costosa y tardía en el tiempo, lo cual no se pueden permitir las finanzas de las pequeñas empresas», matiza el gerente de Ceacop. A los ayuntamientos que están optando al silencio administrativo les recuerda que tienen la oportunidad de aplicar la ley andaluza y «así evitar daños evidentes a las empresas»