Los centros de inmigrantes están al 115%: «Es insostenible»

La reunión que mantuvieron ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, para abordar la crisis migratoria concluyó sin demasiados avances. El Ejecutivo central anunció una inversión de 50 millones de euros para compensar al Gobierno canario por la atención de los menores migrantes, una cantidad «insuficiente», según el gobierno autonómico de Clavijo. Y poco más.

Antes de que se produjera la reunión, desde la Junta de Andalucía ya advirtieron de que se podría esperar poco del encuentro. El director general de Políticas Migratorias de la Junta de Andalucía de la Consejería de Inclusión, Jesús Toronjo, criticó la la «inacción» del Ejecutivo de Sánchez en materia migratoria y actualizó la cifra de menores que han sido enviados a Andalucía identificados como adultos, que suman ya 515. Una situación que el Gobierno «no reconoce» pese a que la Fiscalía está «decretando» que son menores. «Es una barbaridad y la situación se repetirá» en los próximos meses, avisó Toronjo. Sobre el reparto de menores migrantes no acompañados, la Junta recordó que los centros de acogida de estos niños están al 115% de su capacidad de ocupación.

«No hay recursos. El Gobierno dejará a estos menores en la calle al cargar esta responsabilidad de manera injusta en las comunidades autónomas», señaló el director general de Políticas Migratorias, que alertó de un «colapso en cadena» de los servicios, porque, además de los centros, también quedarán desbordados los programas para jóvenes tutelados con los que estas personas, una vez cumplen los 18 años, reciben formación para lograr una autonomía de vida. «Se van a quedar en la calle porque no tendremos más recursos», lamentó Toronjo.

La Junta insistió en que la situación es «insostenible» y acusó al Gobierno central de «mirar para otro lado».

En relación con los asentamientos de migrantes en Huelva y Almería, fundamentalmente, la Administración andaluza recordó que lleva «más de un año llamando a las puertas del Gobierno». «Si no responden, serán responsables de que estos asentamientos se cronifiquen», aseguró. Para la Administración, las medidas de erradicación de los asentamientos tienen que venir desde los Ayuntamientos, que deben contar con la ayuda de las administraciones regionales, nacionales e incluso europeas.