«Clima de confianza» sin hoja de ruta fija

Altura de miras lo llaman algunos. Al interés general recurren otros. En las cuestiones de Estado, al menos en algunas, PSOE y PP todavía se entienden. La Junta de Andalucía y el Gobierno de España lo demostraron con el «Acuerdo por Doñana» y lo han vuelto a hacer con la sequía. Faltaría más, porque está en juego el futuro de ocho millones y medio andaluces. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, y el jefe del ejecutivo andaluz, Juanma Moreno no anunciaron inversiones concretas para combatir la falta de precipitaciones, pero sí incidieron en la importancia de generar un «clima de confianza mutua y hacia los vecinos».

En Andalucía hay en la actualidad medio millón de andaluces con cortes de agua y hasta seis millones más padecen algún tipo de restricción. La idea que ambos dirigentes trasladaron tras una reunión de hora y media en San Telmo fue la necesidad de buscar «soluciones de emergencia» y la disponibilidad existente para «trabajar juntos más allá de las competencias de ambas administraciones» para «subsanar el déficit hídrico».

El diagnóstico está claro, porque es sabido que las grandes dificultades se concentran en Almería, Málaga, Cádiz y el Valle de los Pedroches (Córdoba). Los problemas se generan por la complejidad de abordar las infraestructuras necesarias y el tiempo que requieren para su ejecución. De ahí que al final las preguntas en la comparecencia posterior se dirigiesen hacia la opción (aún remota) de traer agua en barcos desde el levante español y procedentes de desaladoras privadas y, por otro lado, en la resolución del conflicto generado por el decreto ley de la Junta que ha frenado la ejecución de medidas incluidas en el «acuerdo por Doñana».

Gobierno y Junta cofinanciarán la llegada de barcos con agua a la comunidad si la situación de sequía lo requiere, de una forma similar a la pactada con Cataluña, con recursos que procederían de desaladoras que no están ahora a pleno rendimiento y que no son titularidad del Estado. De esta forma, el Estado pagaría el coste del agua (entre 60 y 70 céntimos el metro cúbico) y la administración autonómica las adaptaciones de los puertos que permita conducir los recursos hídricos a las potabilizadoras, antes de que el agua entre en los sistemas de abastecimiento humano. En concreto, Moreno estimó que el gasto se podría disparar a 5 millones de euros al mes para abastecer a una población.

Ribera recordó que desde la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir se vienen acometiendo obras de emergencia en los 3 últimos años, por más de 40 millones, que permiten una garantía de agua de boca para tres años en el 90% del territorio que cubre la demarcación. Y recordó que las desaladoras proyectadas en Almería y Málaga –la del Bajo Almanzora II y la Axarquía– se prevé que estén finalizadas en el horizonte 2027/28.

Respecto a la presa de Alcolea, una de las infraestructuras en las que la Consejería de Agricultura hace más hincapié para resolver los problemas en la provincia de Huelva, Moreno aceptó el discurso del Ministerio para la Transición Ecológica, que duda de la calidad del agua y lo deja en manos de la opinión de los científicos.

Por todo ello, los esfuerzos se centrarán en la digitalización de los servicios municipales, donde se producen fugas que llegan a ser de hasta el 50% del agua consumida. La idea es la ampliación de los fondos para la eliminación de las fugas de agua en las redes de abastecimiento municipal. Cabe recordar que la Consejería movilizó 12,6 millones de euros, del Next Generation, para este fin, pero en la convocatoria las peticiones de ayudas de los ayuntamientos andaluces ascendieron a 70 millones de euros. En la reunión no se habló sobre la pretendida declaración de la singularidad hídrica de Andalucía, como el Ejecutivo andaluz ha defendido en Europa.

Tampoco se descarta ninguna opción hídrica, recurriendo a las aguas regeneradas como la Junta viene demostrando con hechos a lo largo de los cuatro decretos aprobados y gracias a los cuales se podrán recuperar para uso agrícola principalmente 250 hm3. Moreno recordó que al finalizar esta legislatura habrá invertido 4.000 millones en infraestructuras hidráulicas.

[[H2:El Algarrobico, ¿siguiente acuerdo?; y mano tendida a la «andaluza» Montero]]

►Tras Doñana y la sequía, Juanma Moreno y el PP-A tienen un tercer acuerdo en mente: derribar el Algarrobico. Al presidente de la Junta le gustaría que fuese uno de los grandes logros de la presente legislatura. Igualmente, el presidente de la Junta reclamó en el Parlamento a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tener la misma sintonía en financiación autonómica que logra con la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Energética, Teresa Ribera.

«Aunque hemos tenido diferencias importantes, le agradezco la voluntad de acuerdo», hecho que contrastó con los desencuentros con «la ministra andaluza que ha sido consejera de Hacienda», en alusión a Montero. Moreno añoró tener un «diálogo fluido» antes de adentrarse en la reivindicación del fondo transitorio en financiación antes de que haya un nuevo modelo por cuanto el actual expiró su vigencia en 2014. «Qué pasa con el fondo de compensación de 1.409 millones», espetó Moreno, esgrimiendo la cifra que asignaba como compensación un trabajo de la Fundación de Estudios de la Economía Aplicada (Fedea).