8M: corresponsabilidad y conciliación como retos

El Consejo de Gobierno aprobó una declaración institucional con motivo del Día Internacional de las Mujeres en la que traslada el «firme compromiso» de la Junta con la conciliación y la corresponsabilidad como «herramientas para llegar a una igualdad real y efectiva».

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, reiteró que «la igualdad entre mujeres y hombres nos ocupa y preocupa todos los días del año». Considerada una «cuestión de Estado», el Gobierno andaluz proclama, «una vez más, su determinación de combatir con todos los medios a su alcance las desigualdades y discriminaciones por razón de género, siendo la violencia de género la expresión más despiadada y extrema de la desigualdad de género». La lacra de la violencia de género «solo desde la unión sin fisuras conseguiremos desterrarla», señala la Junta.

El texto aprobado admite que «millones de mujeres en todo el mundo continúan hoy amenazadas por una desigualdad que se manifiesta en forma de barreras, prejuicios y ostracismo; de obstáculos que se interponen en el reconocimiento de sus derechos, desprotegen su integridad física, psíquica y sexual y les impiden acceder, ascender y mantenerse en el empleo», pero también destaca que «Andalucía ha reducido la brecha salarial entre mujeres y hombres en casi cinco puntos con respecto a 2018, situándose por debajo del 20%». «Hoy hay un 15,8% más de mujeres andaluzas ocupadas que hace cinco años y un 11,2% menos de mujeres en paro, datos que nos indican que estamos en la senda correcta, aunque lejos todavía del objetivo», añade. A juicio del Gobierno andaluz, «el legítimo entusiasmo por las conquistas y avances alcanzados no debe impedir que seamos plenamente conscientes de las muchas injusticias que aún quedan por superar».

Desde 2003 la violencia de género se ha cobrado la vida de 1.245 mujeres, de las que 258 son andaluzas. El camino hacia la igualdad real no es exclusivo solo de una parte ni excluyente del 50% de la población andaluza. «La conciliación de la vida laboral, personal y familiar es hoy uno de los grandes desafíos del Estado del Bienestar en tanto en cuanto su ausencia impide a las mujeres alcanzar la igualdad. Y ello es así a causa del doble papel de la mujer que aún persiste en la estructura social, en la que ejerce de cuidadora familiar principal a la vez que ocupa un papel como profesional cada vez más relevante en la estructura de la empresa y la Administración».

Estatuto de la Mujer Rural

Ayer se aprobó por fin el proyecto de Ley del Estatuto de las Mujeres Rurales y del Mar de Andalucía, legislación «pionera en España» que contempla a las profesionales del sector pesquero y que supone un avance histórico para lograr la «equidad real entre hombres y mujeres en la actividad agroalimentaria y pesquera en Andalucía». Esta nueva norma consta de 29 artículos estructurados en siete títulos a los que se suman una disposición adicional y dos disposiciones finales. Ahora inicia su trámite parlamentario.

Entre otras cuestiones, esta normativa persigue avanzar en materia de representación y participación de las mujeres fomentando su incorporación a los órganos de dirección de cooperativas, sociedades, asociaciones y organizaciones profesionales. Para ello establece, por ejemplo, un plazo de un año desde la aprobación de la Ley para alcanzar una presencia equilibrada de ambos colectivos en los órganos de gobierno de los Grupos de Desarrollo Rural (GDR) y los Grupos de Acción Local del Sector Pesquero y Acuícola (Galpa) de Andalucía.

El 98% de la comunidad autónoma se corresponde con municipios rurales en los que reside aproximadamente el 60% de la población andaluza y que tienen como principal fuente de empleo la actividad agroalimentaria. Sin embargo, llama la atención que a pesar de concentrar el 25,5% de los puestos de trabajo y tener prácticamente la misma presencia que los hombres en las cooperativas agroalimentarias, la participación de las mujeres en las asambleas de estas entidades se reduce a poco más del 30%. En el caso de la pesca, este colectivo supone el 19% de las personas ocupadas, pero con grandes diferencias entre el sector extractivo (2%), muy masculinizado; y la industria de transformación (52%) y el comercio al por mayor (25%), donde sí están más presentes. La Junta también ratificó ayer el primer Plan de Igualdad para el personal de Justicia acordado con los sindicatos. Otro avance significativo.