¿Cuántas personas cobran la renta mínima en Andalucía?

Durante el ejercicio 2023, la ejecución presupuestaria destinada a la renta mínima de inserción social en Andalucía ha sido de 46.956.532,99 euros, según informó la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta, Loles López, en respuesta parlamentaria. El año previo Andalucía otorgó más de 17.000 prestaciones de Renta Mínima de Inserción. En total, el número de beneficiarios en el último ejercicio en Andalucía fue de 24.926 personas, de las que 6.841 son menores. Es decir, en un año el aumento es de unas 8.000 personas, lo que supone un 47% más.

Por provincias, en Almería se registraron 4.468 beneficiarios, con 1.372 menores. En Cádiz fueron 2.659 beneficiarios, con 691 menores. En Córdoba, 2.332 adjudicatarios, con 654. En Granada fueron 3.726 beneficiarios, con 1.099 menores. En Huelva, 2.736, con 709 menores. En Jaén hubo 2.052 adjudicatarios, con 551menores. En Málaga fueron 3.031 agraciados, con 782 menores. Finalmente, en Sevilla se registraron 3.922 personas que recibieron la prestación, con 983 menores.

Desglose

Según la respuesta parlamentaria, consultada por LA RAZÓN, el número de expedientes concedidos de renta mínima de inserción social en Andalucía durante el ejercicio 2023 ha sido 9.424, repartidos con Sevilla a la cabeza (1.997), seguida de Granada (1.699); Cádiz (1.341); Málaga (1.058); Jaén (1.015); Almería (998); Huelva (749); y Córdoba (567).

Destacan los 268 expedientes de Almería capital; los 51 de El Ejido; los 67 de Níjar; y los 161 de Roquetas de Mar. En la provincia almeriense, el total es de los citados 998 expedientes concedidos.

En la provincia de Cádiz, con un total de 1.341 expedientes, destacan Algeciras (163); Barbate (57); Cádiz capital (94); Chiclana de la Frontera (110); Jerez de la Frontera (265); La Línea de la Concepción (50); El Puerto de Santa María (79); Puerto Real (43); Rota (21); San Fernando (169); y Sanlúcar de Barrameda (66).

En la provincia de Córdoba, con 567 expedientes, sobresalen la capital cordobesa (295); Lucena (43); y Puente Genil (21).

En Granada, con 1.699 expedientes, destacan Armilla (90); Las Gabias (40); la capital granadina (663); Loja (61); Maracena (51); y Motril (145).

En Huelva, con 749 expedientes, sobresalen la capital (278) y Punta Umbría (48).

En Jaén el número de expedientes llegó a 1.015, con 153 en la capital; 105 en Linares; y 64 en Úbeda.

La provincia de Málaga suma 1.058 expedientes, de los que 83 fueron en Estepona; 44 en Fuengirola; 423 en la capital malagueña; 57 en Mijas; 46 en Ronda; 49 en Torremolinos; y 40 en Vélez-Málaga.

En la provincia de Sevilla los expedientes se aproximan a 2.000 (1.997), destacando el número en Alcalá de Guadaíra (106); Camas (42); Cantilla (54); Dos Hermanas (77); Lebrija (72); Mairena del Aljarafe (50); y en la capital (747).

La creación del Ingreso Mínimo Vital en 2020 por parte del Gobierno de España ha generado un problema en las comunidades autónomas, entre ellas Andalucía, que contaban ya con Rentas Mínimas de Inserción dirigidas al mismo colectivo social. Ambas son prestaciones destinadas a crear una última red de protección a las personas en situación de pobreza o exclusión social, pero cada una de ellas cuenta con requisitos, cuantía y extensión heterogénea y son gestionadas por distintas administraciones.

Durante este tiempo, la convivencia de ambas prestaciones que otorgan administraciones distintas se ha tratado de solucionar de formas diversas. La más tajante ha sido el acuerdo formalizado entre el Estado y el País Vasco para directamente transferir las competencias «dentro del carácter unitario del régimen económico de la Seguridad Social y del respeto al principio de solidaridad». Cataluña pidió también asumir esa competencia, pero el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se negó al considerar que es «inconstitucional». Finalmente, la comunidad catalana ha ido más allá al conseguir una financiación particular para su territorio.