Tribunales

¿Cuánto dinero ha recuperado el Tribunal de Cuentas de los ERE fraudulentos en Andalucía?

El Tribunal de Cuentas condena a varios ex altos cargos socialistas a devolver medio millón de euros por las ayudas a Saldauto

El ex director general de Trabajo, Daniel Alberto Rivera
El ex director general de Trabajo, Daniel Alberto RiveraEP

El Tribunal de Cuentas ha dictada una nueva sentencia sobre los ERE de Andalucía. Se trata de un fallo sobre las ayudas sociolaborales a la prejubilación concedidas por la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. La sentencia declara la existencia de un alcance causado a los fondos públicos de la Junta de Andalucía por valor de 498.814 euros. Hasta la fecha, se han recuperado 6,8 millones de euros de otras sentencias condenatorias firmes sobre procedimientos por alcance relativos a las ayudas destinadas a empresas para la financiación de planes de viabilidad concedidas por la Junta de Andalucía entre el 2001 y el 2010.

Según informó el tribunal, la consejera del Departamento 2º de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas ha dictado una sentencia sobre el Procedimiento de reintegro por alcance nº B-137/16-9, Sector Público Autonómico (Consejería de Empleo -Ayudas sociolaborales a la prejubilación- Saldauto Sevilla, S.A.L.), Andalucía. La sentencia declara la existencia de un alcance causado a los fondos públicos de la Junta de Andalucía, por un importe total de 498.814,93 euros.

En la resolución «se condena como responsables contables directos de dicho alcance, por la cantidad de 200.000 euros, a las herederas de quien desempeñaba el puesto de director general de trabajo de la Junta de Andalucía durante la primera parte del período al que se refieren los hechos enjuiciados –el fallecido Francisco Javier Guerrero–; y, asimismo, por la cantidad de 298.814,93 euros, a la persona que sucedió al anterior en el citado puesto de director general de trabajo de la Junta», que se trataría de Juan Márquez.

La Junta concedió ayudas a Saldauto Sevilla por un montante total de 1.837.229,88 euros, de los que 1.637.229,88 euros se otorgaron para financiar el 100 por cien de las prejubilaciones voluntarias en la empresa, figurando entre los beneficiarios de las prejubilaciones tres «intrusos» que no pertenecían a la plantilla de esta empresa.

Por otro lado, en relación con el estado de ejecución de las sentencias condenatorias firmes, recaídas en los procedimientos de reintegro por alcance relativos a las ayudas destinadas a empresas para la financiación de planes de viabilidad, que fueron concedidas por la Junta de Andalucía durante los años 2001 a 2010, la Administración andaluza «ya ha recuperado un importe total de 6.818.000 euros, de los que 5.935.000 euros se han reintegrado a las arcas públicas como consecuencia de las actuaciones ejecutivas desarrolladas desde el 1 de enero de 2022 hasta el momento presente».

El pasado octubre, la Junta cifró en 433 millones el dinero ya reclamado de los ERE fraudulentos. La Junta de Andalucía aseguró que «no va a renunciar a ni un solo euro» del dinero defraudado. Esos 433 millones se han reclamado teniendo en cuenta tanto las actuaciones llevadas a cabo en la vía penal, como mediante las revisiones de oficio de ayudas a empresas, y a través del Tribunal de Cuentas, vía esta última por la que se han reclamado 169 millones.

El pasado enero de este año, el actual Gobierno andaluz del PP señaló que había recuperado por vía administrativa unos 23 millones de euros de los aproximadamente 680 millones de euros librados por la Junta mediante el mencionado mecanismo de financiación de los ERE y las ayudas arbitrarias a empresas. El dinero malversado en el «caso ERE» es una de las grandes incógnitas y su cómputo tiene difícil solución. La sentencia de la Audiencia de Sevilla, atendiendo a la Fiscalía que eliminó el montante de un año de la partida 31L –el llamado «fondo de reptiles–, fijaba en 680 millones el dinero destinado a las prejubilaciones y para las ayudas a empresas en crisis otorgadas por la Junta entre 2000 y 2009. Pero no todas fueron fraudulentas aunque el sistema utilizado fuera montado para evitar los controles. De los 680 millones del fondo, lo que a todas luces era irregular era la gestión. Los acusados defendieron que «el crédito nunca delinque». Los prejubilados, en su mayoría, han seguido cobrando las prejubilaciones y hasta 2025 Empleo tiene que pagar aún 27 millones.