Una dura realidad para casi 12.000 inmigrantes en Andalucía

No fue una inocentada. El pasado 28 de diciembre se produjo el enésimo incendio en un asentamiento chabolista de temporeros en Huelva. Fue en la localidad de Lucena del Puerto y ardieron casi 120 infraviviendas de cartón y plástico, sin que se produjeran daños personales. Este tipo de sucesos son habituales en núcleos de esta provincia donde malviven inmigrantes vinculados a los cultivos agrícolas. Se ponía el foco así, nuevamente, en las pésimas condiciones de vida de estas personas, muchas veces olvidadas por las administraciones y con el apoyo sólo de ONG que se preocupan por sus necesidades y por regular su situación en España, algo que resulta extremadamente complicado. La Asociación Pro Derechos Humanos (APDHA) cifra en casi 12.000 los inmigrantes que permanecen en asentamientos de Huelva y Almería «sin luz ni agua, alejados de los núcleos urbanos, con riesgo de sufrir incendios, con dificultades para acceder a la sanidad y a la escolarización de menores y víctimas de todo tipo de abusos en el ámbito laboral», según el informe de derechos humanos en la Frontera Sur, que este año ha puesto el foco en los asentamientos de Huelva y Almería.

En la presentación del documento, Macarena Olid, vicecoordinadora de la APDHA, explicó que este trabajo de campo ha permitido conocer de primera mano la realidad de los asentamientos, ya que han entrevistado a las personas que viven allí y se han puesto en contacto con las entidades y colectivos sociales que conocen su realidad, así como con los responsables de las administraciones públicas, que precisamente son los que menos han colaborado con este informe.

Carmen Vázquez, una de las investigadoras del informe, señaló que, aunque la agricultura intensiva es el motor económico de estas dos provincias, las condiciones laborales de los trabajadores migrantes son «muy precarias» y, de hecho, apuntó que se paga a discreción del encargado y el jornal está bastante por debajo del salario legal, que serían 54 euros.

Vázquez cuantificó en al menos 7.000 las personas que viven en asentamiento en Almería, dado que el trabajo agrícola en invernaderos se desarrolla todo el año, y como mínimo otras 5.000 en la provincia de Huelva –más vinculadas a las campañas como la de los frutos rojos–. Son personas que «viven en esas condiciones infrahumanas», aunque indicó que la cifra puede ser más alta ya que tienen muchas dificultades para poderse empadronarse en los municipios y, por tanto, para regularizar su situación.

Para revertir esta situación, la APHDA reclamó soluciones habitacionales a partir de la construcción de viviendas sostenibles y accesibles, regularización laboral y mejoras en las condiciones de trabajo, políticas inclusivas con programas específicos para mujeres y niños en situación de vulnerabilidad, un enfoque integral con coordinación entre las administraciones y una supervisión ambiental que establezca controles para minimizar el impacto negativo de la agricultura intensiva tanto en el entorno como en las comunidades afectadas.

En este trabajo de campo se han visitado cinco asentamientos de cada provincia y ha sido realizado por investigadoras de la APDHA y cofinanciado por el proyecto Tejiendo Derechos (WakeUpRights) de la Unión Europea y Oxfam Intermón en el marco del programa Ciudadanía, Igualdad, Derechos y Valores (CERV) de la UE. De esta manera, se ha constatado la dura realidad de un colectivo con una extrema vulnerabilidad.