Un escudo contra el acceso de menores a porno por Internet

El Parlamento de Andalucía ha aprobado un dictamen clave para combatir el acceso de menores a contenidos pornográficos en internet, un problema que, según el informe del grupo de trabajo creado en 2023 y consultado por LA RAZÓN, afecta a niños desde los 8 años y amenaza su desarrollo emocional, social y sexual. Este documento, resultado de 20 sesiones con más de 100 expertos –desde psicólogos y fiscales hasta representantes de Google y Unicef–, destaca la urgencia de actuar en un entorno digital donde el 94,5% de los menores entre 10 y 15 años usa internet diariamente, y el 70% tiene móvil propio antes de los 12 años. Los datos revelan una «profesora de sexualidad» indeseada: un 33,7% de los adolescentes admite que consume más pornografía de la que desearía, y un 58,4% reconoce que ese contenido influye en sus relaciones sexuales, dándoles ideas que a veces intentan practicar. Además, el 45,5% ha imitado escenas pornográficas, a veces sin consentimiento, normalizando comportamientos agresivos.

El informe subraya que el acceso es accidental en un principio –a través de búsquedas inocentes o redes como TikTok–, pero se vuelve habitual a través de smartphones en momentos privados. Las consecuencias: la normalización de la violencia sexual, expectativas irreales sobre las relaciones, adicciones comportamentales y problemas de salud mental como ansiedad o baja autoestima. Se resalta un impacto diferencial por género: los chicos inician antes por curiosidad y reproducen roles dominantes, mientras que las chicas sufren más hipersexualización, presión estética y riesgos como la sextorsión.

En un enfoque social positivo, el dictamen apuesta por la alfabetización mediática como «vacuna» contra estos riesgos, promoviendo la educación afectivo-sexual en escuelas y familias para fomentar relaciones sanas y críticas. Las 56 propuestas finales incluyen campañas de sensibilización en redes y videojuegos, guías para padres, formación de docentes y pediatras, y el refuerzo de controles parentales gratuitos. Destaca la alfabetización mediática como «vacuna» esencial, integrándola en los currículos educativos y formando a docentes, familias y profesionales sanitarios. Se impulsa la colaboración con el Consejo Audiovisual de Andalucía para campañas en redes y videojuegos, y con la RTVA para contenidos pedagógicos.

Otras iniciativas incluyen herramientas de control parental gratuitas, verificación de edad mediante DNI en plataformas, y el refuerzo de observatorios para monitorear riesgos. En el ámbito de la salud, se prioriza la atención especializada en adicciones digitales y la formación de pediatras en detección temprana. Judicialmente, se fortalece a la Policía Adscrita con protocolos contra el ciberacoso y el grooming. Socialmente, se fomenta el asociacionismo juvenil y espacios de ocio alternativos para reducir el aislamiento digital. El dictamen urge al Gobierno central y europeo a cumplir leyes como la DSA y la AI Act, asegurando sanciones a plataformas que incumplan.

Este dictamen no es solo un diagnóstico: es una llamada a la acción colectiva para una sociedad más segura, donde la infancia desarrolle relaciones sanas y críticas ante lo digital. El informe concluye que, sin una acción integral, el porno online se convierte en el principal «educador sexual» de los jóvenes, perpetuando desigualdades y violencias. Andalucía, con iniciativas como el programa CIMA o guías educomunicativas, se posiciona como líder en prevención, pero urgen más recursos para abordar los daños ya presentes en la salud mental y las relaciones.

Claves

►Consumo masivo: Más del 60% de jóvenes andaluces ha visto pornografía; 71,8% la consume mensualmente (87,3% chicos vs. 30% chicas).

►Distorsión sexual: Un tercio de los adolescentes confunde porno con sexo real, y más del 45% imita escenas pornográficas (a veces sin consentimiento).

►Conductas de riesgo: A mayor consumo, aumenta el sexo sin protección y otras conductas peligrosas.

►Educación insuficiente: El 62% de los estudiantes ha recibido menos de 4 horas de sexología en dos años, y un 35,8% declara que la pornografía es su única fuente de información.

Los expertos urgen a aplicar las leyes

►Andalucía cuenta ya con herramientas y marcos legales para actuar. La Ley 13/2022 General de Audiovisuales (transposición de la UE) exige filtros estrictos que impidan a menores el acceso a pornografía online. Además, la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (2019) contempla protocolos en centros educativos para denunciar abusos. Los expertos urgen a aplicar estas normas y a impulsar programas concretos en colegios (como cartelería informativa y formación docente) para alertar sobre un problema de gran relevancia social.