Una exdirectiva de la Faffe dice que sólo vio "una vez" al exalcalde socialista enchufado

Durante el juicio que celebra la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla contra el ex director general de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) Fernando Villén y el exalcalde de Lebrija Antonio Torres García (PSOE), por presunta prevaricación y malversación en la contratación "arbitraria" del citado ex primer edil; una exdirectiva de la entidad ha testificado este miércoles que sólo vio en la oficina "una vez" a Torres García. Esta testigo ha explicado que trabajó en la Faffe desde 2003 a 2011, unos tres años en la sede de Sevilla como directora del área de Desarrollo Territorial y otros tantos años como gerente provincial de la entidad en Huelva.

A preguntas del fiscal Anticorrupción Fernando Soto, esta testigo ha explicado que como directora de área, ella acudía a los comités de dirección, a los que eran convocados los responsables de cada una de las direcciones de la Faffe. En ese sentido, en un marco en el que según la investigación Fernando Villén habría creado la Dirección de Relaciones Externas dentro de la Faffe para asignar tal área presuntamente ficticia al exalcalde socialista de Lebrija, esta testigo ha manifestado que no recuerda haber visto nunca a Torres García en las sesiones de los comités de dirección.

Es más, ha asegurado que ella sólo vio "una vez" al exalcalde de Lebrija en las instalaciones de la Faffe, ante lo cual, según ha dicho textualmente, preguntó: "¿Quién es ese señor?". También a preguntas del fiscal Fernando Soto, esta exdirectiva de la Faffe ha dicho que desconoce qué funciones o tareas habría tenido el puesto de gestor de recursos municipales que habría sido encomendado a Torres García dentro de la Faffe.

El juicio afrontará previsiblemente una jornada clave este jueves, pues para este día está prevista en principio la comparecencia de los dos acusados, el ex director general técnico de la Faffe Fernando Villén y el exalcalde socialista de Lebrija Antonio Torres García, quienes al comienzo de la vista solicitaron declarar al finalizar la misma, extremo autorizado por el tribunal. Según el auto de transformación de las diligencias en procedimiento abreviado de este caso, después de que Antonio Torres perdiese la Alcaldía de Lebrija en las elecciones municipales de 2003 tras 24 años en el poder, habría solicitado al entonces director general técnico de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo su "colocación en la Faffe, a lo que Villén accedió promoviendo en su favor un novedoso cargo directivo, inexistente en realidad, que diera satisfacción a las condiciones de contratación indefinida y salario solicitadas" por el ya exalcalde socialista de Lebrija.

Todo ello, pese a que Torres García "carecía de formación y aptitudes para asumir funciones correspondientes a dicho nivel profesional" de directivo.

Así, y según el juez instructor, el exalcalde de Lebrija "fue contratado el 1 de julio de 2003 con un contrato de duración temporal, prorrogado y convertido en indefinido con fecha de efectos 1 de diciembre de 2004, como directivo, con una retribución total de 46.750 euros anuales, encontrándose de alta como empleado en la Faffe hasta la extinción de ésta y su integración en mayo de 2011 en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE)".

La contratación, según el juez instructor, se produjo, "sin proceso alguno de valoración o contraste de la aptitud o idoneidad del sujeto a contratar", es decir "de manera injusta y arbitraria, prescindiendo de los procedimientos de contratación a los que la Faffe debía ajustarse, sin concurrencia alguna de otros posibles candidatos al puesto, y de manera contraria a los principios generales de publicidad, objetividad, imparcialidad, igualdad de oportunidades, mérito y capacidad que habrían de regir dicho proceso de selección y contratación, de conformidad con la propia normativa".

"No existe ninguna documentación que revele un mínimo cumplimiento de los requisitos y presupuestos que regulan la selección y contratación de personal, ya sea técnico o directivo, por parte de una fundación pública como la Faffe", determina el juez instructor.

A ello se suma, según precisaba el juez en el auto, que el organigrama administrativo de la Faffe "no contemplaba puesto directivo alguno al que pudiera acceder" el exalcalde investigado, por lo que el otro encausado "vino a crear uno 'ad hoc' que denominó Dirección de Relaciones Externas", un departamento que "era en realidad inexistente, de modo que carecía de estructura, funciones y contenido efectivo; sin sede física, ni oficinas, ni despachos, ni personal adscrito".

De hecho, el juez avisa de que el exalcalde "ni tan siquiera acudía a la sede de la fundación, ni desempeñaba trabajo alguno (era desconocido por otros trabajadores y directivos), aunque se procuró tarjetas de visita o presentación", de forma que "la escasa actividad realizada, limitada a puntuales contactos con algún político o autoridad", la llevó a cabo "siempre" desde su domicilio "y con medios propios, ordenador y cuenta de correo electrónico genérica y gratuita".

Como resultado, "el investigado Antonio Torres habría estado ocupando un puesto de trabajo de nivel superior, inexistente en la organización de la Faffe, sin un cometido concreto y, en definitiva, sin desempeñar una labor real, con la aceptación y beneplácito de Fernando Villén, lo que habría permitido a Torres García percibir 491.203,03 euros" hasta 2020, "sin que conste que trabajara realmente, disfrutando además de los beneficios de un alta ficticia en la Seguridad Social, y a la postre integrarse en el Servicio Andaluz de Empleo tras la extinción de la Faffe, sin más mérito que su afinidad y vinculación personal y política con Villén Rueda", resume el juez, que así ordena continuar las actuaciones por el trámite del procedimiento abreviado.

Merced a tales presuntos hechos, la Fiscalía reclama para Fernando Villén cuatro años de prisión por un presunto delito de malversación y diez años de inhabilitación especial por un posible delito de prevaricación; mientras para el exalcalde de Lebrija reclama dos años y medio de prisión por malversación y cuatro años de inhabilitación por supuesta prevaricación.

Sobre Villén, recordémoslo, ya pesa una condena inicial a seis años de cárcel por un delito continuado de malversación en concurso con un delito continuado de falsedad en documento oficial en concepto de inductor, por los pagos en clubes de alterne con tarjetas bancarias de la citada entidad pública, perteneciente a la Junta de Andalucía.