El Gobierno andaluz se alinea con el sector y rechaza la tasa turística

«Este Gobierno no ha venido a subir los impuestos a los andaluces, sino a bajárselos en la medida de lo posible». De esta manera tan categórica se expresó ayer el consejero de Sostenibilidad y portavoz del Ejecutivo andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, dando carpetazo así a la controvertida tasa turística, un impuesto que el sector rechaza y que los alcaldes veían con buenos ojos porque permitía engrosar las maltrechas arcas municipales. De momento, sólo Cataluña y Baleares cobran este gravamen a los visitantes que se hospedan en los hoteles y hostales. La Comunidad Valenciana aprobó la medida, pero el nuevo Gobierno del PP la acaba de enterrar.

Adelante Andalucía hizo bandera de este asunto y llegó a cifrar el montante que la Junta recaudaría si se aplica: 176 millones de euros. Se trataría, según la formación, de una tasa progresiva: los huéspedes de hoteles de cinco estrellas y los cruceristas serían los turistas que más pagarían, cinco euros por día, y lo que menos los hospedados en hostales, pensiones y albergues, que tendrían una tarifa de 0,75 euros al día.

Fernández-Pacheco zanjó el debate, remarcando además que no existe «disparidad alguna» en el seno del Ejecutivo andaluz en torno a este tema. «Pensamos lo mismo que pensábamos hace unos meses y hace un año», señaló, no sin antes recordar que «este Gobierno tiene en su ADN la bajada de la presión fiscal como una de las banderas que siempre hemos defendido y que seguiremos defendiendo de cara al futuro». Junto a ello, aseguró que la Junta mantiene «un contacto permanente con el sector turístico», unos profesionales que «no quieren que se le suba la fiscalidad».

El portavoz del Gobierno andaluz recordó que «cuando hablamos de tasa turística, también nos referimos a una figura impositiva que pagarían muchos andaluces que viajan por Andalucía». «Hasta seis millones de desplazamientos de andaluces por Andalucía tenemos todos los años», señaló, por lo que «nuestra posición sigue siendo la misma», la de que «este tipo de medidas tienen que obedecer al diálogo, al consenso».

«Hay que hablar con absolutamente todo el mundo y tenemos que alcanzar puntos de acuerdo, pero nuestra opinión es que los ayuntamientos, que sufren las consecuencias de una masificación turística, lo que se merecen es tener más recursos, también en un nuevo modelo de financiación local que el Gobierno de España hoy les niega» y no mediante «unas figuras impositivas que lo único que harían sería lastrar uno de los principales motores que hoy tiene nuestra economía».

Más consenso hay en torno a la necesidad de regular los apartamentos turísticos. La Junta aprobó hace un mes un decreto que deja en manos de los ayuntamientos su autorización. En este sentido, Sevilla será la primera ciudad en abordar este asunto al amparo del texto autonómico. El consejo de gobierno de la Gerencia de Urbanismo votará este miércoles la propuesta de limitación por barrios, antes de elevarla al próximo pleno. Tras esta aprobación inicial se abrirá un periodo de exposición pública de veinte días.