El Gobierno aprobará la expropiación de los terrenos del Algarrobico para comenzar su demolición

Como desafío contra su destrucción, todavía se erigen grúas alrededor del Algarrobico, el gigante de veinte plantas proyectado como hotel y construido a 15 metros del mar en el Parque Natural Cabo de Gata, en la localidad almeriense de Carboneras.

Levantado con la connivencia del Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, en tiempos en los que ambas administraciones eran gobernadas por el PSOE, su estructura se ha convertido en símbolo del urbanismo más salvaje en nuestro país durante las últimas dos décadas, resistiendo a su derribo pese acumular varios fallos judiciales contrarios a su existencia. Sentencias que han quedado enmarañadas entre traspasos de juzgado, recursos dilatorios de las partes y diversos incumplimientos de sentencias.

El Ejecutivo de Juanma Moreno se propuso derribar esta mole de cemento en uno de los parajes naturales más importantes de España y tendió su mano al Gobierno para hacerlo realidad. No obstante, antes incluso de la llegada de Moreno, en 2011, se firmó un acuerdo de ambas instituciones por el que el Ejecutivo central se comprometía a asumir la demolición del inmueble, mientras que la Junta se encargaría del descombro y la gestión de los residuos que la demolición genere.

Hoy la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado que el Gobierno de España aprobará en el Consejo de Ministros de este martes un acuerdo para declarar la utilidad pública de las parcelas en las que se ubica el hotel ilegal de la playa del Algarrobico como paso previo a su expropiación y posterior demolición.

En declaraciones a los periodistas en la propia playa del polémico hotel, Montero ha señalado que con esta medida el Ejecutivo pretende "poner fin al mayor atentado medioambiental" en este paraje natural y avanzar en la "inmediata restauración ambiental" de la zona.

"Han pasado casi 20 años y una infinidad de litigios hasta que se paralizaron estas obras, pero el hotel ilegal sigue en pie, habiéndose convertido en el símbolo de la depredación inmobiliaria que tanto ha dañado nuestro litoral", ha subrayado Montero.

La ministra ha explicado que parte del hotel se encuentra en suelo de dominio público marítimo-terrestre, sobre el que el Gobierno tiene competencia, mientras que otra parte se adentra en terrenos bajo control autonómico.

Por ello, ha instado a la Junta de Andalucía a seguir el mismo procedimiento y proceder a la expropiación de su área de influencia. "Una vez que ambas Administraciones hayamos expropiado los terrenos sobre los que tenemos competencia, podremos llevar a cabo la demolición de este edificio, que será financiada por el Gobierno de España", ha afirmado.