La seguridad privada se moviliza en Andalucía contra la precariedad laboral

El sector de seguridad privada se ha concentrado este viernes en todas las provincias andaluzas en una movilización estatal convocada por CCOO y UGT para denunciar el bloqueo del convenio colectivo por parte de la patronal y la situación de precariedad laboral del gremio.

En Granada, donde el sector aglutina a unos 6.500 trabajadores, los sindicatos convocantes, CCOO y UGT, han secundado una concentración ante la sede de la Confederación Granadina de Empresarios en la que han criticado la actitud de la patronal (Aproser y Asecops).

Ésta esgrime entre otros motivos la situación económica del país y las condiciones de la contratación pública de la que depende una importante parte del negocio de la seguridad privada para que los trabajadores sean quienes soporten el modelo instaurado en este país, según los convocantes.

Antonio Sánchez Camacho, responsable de Seguridad Privada de CCOO Hábitat de Granada, mantiene que los trabajadores del sector afrontan la situación económica actual con una subida del 1%, tanto en el año 2021 como en el actual, y ningún beneficio en sus condiciones laborables.

Es, dice, unos de los sectores con más precariedad debido a la falta de iniciativa de la patronal por “dignificar” esta profesión, en la que según los sindicatos priman los bajos salarios y condiciones laborales básicas.

Por ello, reclaman un convenio colectivo con una subida salarial que compense la pérdida de poder adquisitivo y unas mejoras sociales justas y dignas.

Y reclaman especialmente tres cuestiones: un convenio plurianual, incremento salarial y que se incluyan cláusulas para que no se pierda poder adquisitivo, como ha ocurrido, dicen, en estos últimos años.

Integrado por más de 100.000 trabajadores en toda España, el sector de la seguridad privada se ha visto precarizado significativamente en los últimos años debido a que se ha instaurado el colectivo en un modelo basado en subastas, adjudicando los servicios a la empresa que presente la oferta económicamente más baja, sin tener en cuenta la calidad y sobre todo los derechos laborales y económicos de los empleados.