Hospitales –aunque su construcción y gestión dependen de la Junta de Andalucía– y más carga de trabajo para los astilleros de Cádiz, un enclave que se ha caracterizado siempre por su alta conflictividad laboral. Arranca el último curso político antes de las elecciones autonómicas y la vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ya está en modo electoral. En su doble papel institucional y orgánico, aprovechando los fines de semana en la comunidad autónoma, Montero hizo ayer dos anuncios que buscan el rédito en las urnas, a pesar de que ni están convocados los comicios.

De un lado, aseguró que la Zona Franca de Cádiz va a ceder gratuitamente a la Junta el suelo donde se puede instalar el nuevo hospital para la capital gaditana. «Creemos que la ciudad necesita un nuevo hospital y entendemos que el Gobierno de España, una vez más, acude, aún sin tener competencia, a facilitar los servicios públicos en Andalucía. Lo hemos hecho en otras políticas y también lo hacemos ahora en Cádiz por la sanidad», señaló.

En este sentido, instó al presidente de la Junta, Juanma Moreno, a firmar «de inmediato» el convenio conjuntamente con el Ayuntamiento para hacerlo posible. «Se acabó que por una razón o por otra nunca se asuma la responsabilidad por parte de la Junta en el tratamiento sanitario que es necesario». Montero recordó que «hace tiempo», cuando era consejera de Salud, «ya había una necesidad clara que era incorporar un espacio más amplio que permitiera albergar una tecnología de vanguardia, que permitiera poner en marcha servicios que en este momento no existen; en definitiva, poder agrandar el hospital de Cádiz y ubicarlo en un lugar que permitiera la investigación y el conocimiento en mejores condiciones de las que en este momento lo desarrollan los profesionales».

Según el relato de la vicepresidenta, este proyecto se presentó y «sobrevino la crisis financiera con los recortes que Montoro obligó a las comunidades autónomas, de forma que no pudimos seguir desarrollando ese proyecto, imprescindible para la ciudad de Cádiz que tenía que buscar la oportunidad del momento económico». La iniciativa, con una clara crítica al actual Gobierno andaluz, «ha recibido el sueño de los justos y teniendo Andalucía más recursos que nunca, procedentes del Gobierno de España, no ha tenido a bien iniciar este proyecto y ha buscado diferentes excusas, entre ellas la ubicación y el problema de los terrenos».

La reacción de la Junta no tardó. El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, se felicitó por esta cesión, aunque «llega tarde». «La Zona Franca no tenía ninguna excusa para no estar al lado de los gaditanos en este proyecto, como veníamos denunciando», señaló, no sin antes remarcar los «impedimentos» que hasta ahora había puesto la institución para llegar a un acuerdo y ceder este suelo. «Este anuncio da la razón a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Cádiz», insistió.

El segundo anuncio tiene que ver con la industria naval, un sector que ha vivido recientemente un nuevo episodio de tensión y conflictividad. Montero aseguró que Navantia ha suscrito un contrato para la construcción de dos nuevos buques de acción marítima en el astillero de Puerto Real (Cádiz), por una inversión que supera los 700 millones de euros. Este contrato, según la vicepresidenta, supondrá en torno a «2.000 empleos directos e indirectos», además de «una carga de trabajo asegurada para estos astilleros hasta el año 2030».

«Es motivo de orgullo», sostuvo Montero sobre este «buen anuncio» para los astilleros, con una carga de trabajo que «se suma a la que ya previamente tenía el astillero con la construcción de seis buques de estas mismas características». «Navantia se caracteriza por su excelencia y por la capacidad de conquistar unos mercados muy complicados», señaló.