El hotel de Genoveses amenaza con convertirse en otro culebrón judicial

La rehabilitación de un cortijo rural en ruina para uso turístico frente la playa de Genoveses, en Cabo de Gata-Níjar (Almería), sigue en suspenso pese al visto bueno de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, tras los nuevos movimientos judiciales desplegados por grupos contrarios al proyecto. Aunque la administración andaluza entendía hace unos meses «ajustada a derecho» la resolución medioambiental favorable aprobada un año antes, rechazando todas las alegaciones conservacionistas, ahora se ha presentado un nuevo recurso «contra la declaración de impacto medioambiental positiva que dio la Junta de Andalucía y por lo que solicitamos medidas cautelares paralizando el proyecto de construcción del hotel hasta que no se resuelva este conflicto», como declaró el presidente de la asociación Amigos del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, Julián Vera. Para frenar la iniciativa empresarial por «ser lesiva a la conservación del Parque» y junto a otro histórico colectivo naturalista, el Grupo Ecologista Mediterráneo, acudieron al Juzgado Número 2 de Almería que ha dado, a su vez, un nuevo plazo a la Junta para que presente sus alegaciones, así como todos los expedientes relativos al hotel, también al Ayuntamiento de Níjar.

En este sentido, el consistorio nijareño aprobó ya en julio la admisión a trámite de la actuación, con el voto favorable del equipo de gobierno (PP-Vox) y el voto en contra del PSOE. La portavoz de la oposición y exalcaldesa, Esperanza Pérez, calificó de «paradoja» que se desechara otro proyecto para un hotel rural de una estrella sobre una antigua cortijada por su «incompatibilidad» con las normas urbanísticas, mientras la portavoz del equipo de gobierno, María del Mar Calatrava, señaló que el Consistorio se limita a «seguir los informes técnicos preceptivos y a respetar la legalidad vigente» a la hora de admitir a trámite la actuación. Asimismo, Calatrava reprochó a Pérez Felices su cambio de postura desde la oposición para la construcción de un hotel que, sin embargo, nunca cuestionó en su etapa como gestora.

No obstante, pasan los meses y el Ayuntamiento sigue sin otorgar las preceptivas autorizaciones para hacer efectivas las obras, sobre todo porque «podrían quedar anuladas por el juzgado», como explicó Julián Vera, recordando que la administración municipal «aún tiene que cambiar la calificación del suelo a urbanizable, antes de el visto bueno a la licencia de construcción de obra». Por otro lado, la presión social contraria tampoco ayuda a agilizar unos trámites que acumulan 13 años para el proyecto.

De esta forma, alrededor de 300.000 personas han firmado en contra de esa rehabilitación de un cortijo en Genoveses, porque «va claramente en contra de las normas de protección del Parque Natural y de la biodiversidad de una zona muy sensible, que incluye aves esteparias e invertebrados, muchos de ellos en grave riesgo de extinción», como aseveró Céline Feutry, portavoz de la plataforma «Genoveses sin hotel». «Un movimiento social muy fuerte dificulta la tarea del Ayuntamiento», apuntó la representante ecologista, visibilizando la importancia de un movimiento ciudadano coordinado que dejaba hasta 4.000 alegaciones en el Ayuntamiento de Níjar contra la consideración de esta iniciativa empresarial como «de utilidad pública y de interés social» para el municipio.

«El mayor peligro no es el hotel en sí, que también, sino el precedente que crea», lamentó Julián Vera desde amigos del Parque, avisando de que «no existen razones suficientes para consolidar una fórmula que permitiría revertir la protección de ese suelo para permitir el desarrollo del nuevo equipamiento hotelero».

Y es que los miembros del colectivo conservacionista entienden que la mercantil heredera de los bienes y suelos de la familia José Montoya y doña Pakita no «asumieron el compromiso de conservación de sus antepasados».

Si bien desde la Secretaría Técnica de la Junta se negó la «inviabilidad» de la actuación en base a los criterios planteados por Amigos del Parque, desde la entidad prometieron «seguir dando batalla judicial y los pasos necesarios para frenar esta utilización del Cortijo Chiqueras como uso turístico», porque «se va a afectar gravemente a la sostenibilidad del entorno y se solucionará en los tribunales».

No obstante, se está a la espera de que próximamente el Juzgado almeriense emita nuevo dictamen sobre la legalidad o no de una actuación que conseguía autorización medioambiental tras casi ocho años de tramitación.