La CHG admite que el futuro de Doñana depende de las obras que incluye la ley que tramita la Junta

El Informe sobre el estado de los acuíferos del entorno de Doñana firmado en mayo, antes de las elecciones, por el Jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica, Víctor Juan Cifuentes Sánchez, ha salido a la luz pública hoy con unas llamativas conclusiones, porque en un alto porcentaje coinciden que las medidas contempladas en la polémica proposición de ley que tramita el Parlamento andaluz para regular definitivamente los regadíos del entorno del Parque Nacional.

En concreto, la estrategia que plantean los técnicos pasa por: cierre de captaciones ilegales, implementación completa del trasvase de 19,99 hm3 previsto en la Ley 10/2018, de 5 de diciembre, aportación de aguas superficiales incrementando la regulación del río Agrio, uso conjunto de aguas reguladas, no reguladas, regeneradas y subterráneas de modo que estas disminuyan sustancialmente, adquisición de derechos, así como la declaración de interés general de la conducción desde la ETAP del Tinto a Matalascañas, entre otras medidas.

El acuífero de Doñana muestra una tendencia desfavorable y nueve de sus dieciséis zonas se encuentran actualmente en una situación de "alarma", según los resultados del control oficial de las aguas subterráneas realizado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. De los dieciséis sectores en los que se divide el acuífero ni uno sólo está en situación de normalidad; concretamente, tres se hallan en estado de 'prealerta', una más que el año pasado; cuatro en estado de 'alerta', dos menos que en 2020-2021, y el peor dato es que de tres zonas en 'alarma' se ha pasado a un total de nueve.

La precipitación del año hidrológico 2021/22 fue de 304 mm. (Octubre 2021 - Septiembre 2022), por lo que se considera un año "muy seco", prolongando un año más un período iniciado hace una década, considerada como la más seca desde 1970.

La compra de Los Mimbrales, en tiempos de Rajoy, sigue siendo ocho años después la medida más efectiva

La compra de la finca de Los Mimbrales fue la medida estrella del Gobierno de Rajoy para mejorar el acuífero y ocho años después sigue siendo la más efectiva, pese a los golpes de pecho de la vicepresidenta Teresa Ribera y lo insultos proferidos a los dirigentes populares. "Todo ello a pesar de que las extracciones han disminuido en 10,5 hm3 desde 2015 -6,8 hm3 tras la compra de Los Mimbrales y 3,7 hm3 tras la sustitución por aguas superficiales en la zona del Arroyo de Don Gil", mejorando la situación de las zona en las que se han aplicado, a pesar del ciclo seco", explica el informe consultado por LA RAZÓN.

En la línea de lo mencionado anteriormente, los técnicos precisan que "el actual grado y modo de explotación de los recursos subterráneos del acuífero compromete su buen estado y el de los ecosistemas terrestres que de él dependen, lo que se evidencia en que tres de las cinco masas de aguas subterráneas que forman el sistema no alcanzan el buen estado cuantitativo".

En opinión de los técnicos de la CHG, esta situación "obliga a la administración hidráulica a tomar una serie de medidas para asegurar el no deterioro, así como a realizar todas las acciones posibles para revertir este mal estado con vistas al horizonte de 2027". También consideran "urgente" que por parte de la autoridad competente se tomen medidas para mantener los niveles de nitratos dentro de los marcados por la normativa".

La CHG declaró el 16 de julio de 2020 en Junta de Gobierno declarar en mal estado tres Masas de Agua Subterránea (MASB) en Almonte, Marismas y La Rocina, en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y tampoco el químico en caso de La Rocina, por lo que inciden en desarrollar una estrategia para el buen estado de las masas de agua de Doñana que debe contemplar, entre otros aspectos, el "incremento cero" de la superficie susceptible de obtener concesión para riego, la aplicación rigurosa de la legalidad, el cierre de captaciones ilegales o la eliminación de regadíos no legalizables.

Se plantea como horizonte la vuelta en 2027 a la situación del año 2000, lo que requerirá como mínimo la implementación completa del trasvase de 19,99 hm3 previsto en la Ley 10/2018, así como medidas para disminuir las extracciones en la zona de contacto entre las masas de agua Almonte y Marismas con aportación de aguas superficiales incrementando; uso conjunto de aguas reguladas, no reguladas, regeneradas y subterráneas de modo que estas disminuyan sustancialmente o recarga artificial en aquellas zonas donde sea viable.

Por último, se apuesta por la elaboración por parte de la administración de Planes de Extracción, que garanticen el cumplimiento de los objetivos planteados; el refuerzo de la guardería fluvial, o la incorporación de la modelización hidrogeológica de Doñana al trabajo cotidiano de la CHG para el apoyo a la toma de decisiones.