La ley de regulación de regadíos de Doñana se aprobará a final de septiembre

La Comisión de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha convocado para mañana, 15 de septiembre, la Ponencia constituida para la tramitación del proyecto proposición de Ley para la mejora de la ordenación de las zonas agrícolas de la Corona Norte de Doñana.

De esta forma se reactiva en la Cámara andaluza la tramitación de esta ley polémica desde su presentación, que tiene como defensores a PP, Vox, la Junta de Andalucía y los regantes de la Comarca del Condado, junto con las organizaciones agrarias, que sostienen que la legalización de nuevas hectáreas no afecta a Doñana, sino al contrario, vela por su protección al garantizar que la superficie a legalizar sólo se regará con agua superficial.

Por otro lado, los detractores consideran que va en perjuicio de un espacio natural que no puede soportar más presión agrícola en su entorno y abogan por dar marcha atrás y buscar otro tipo de soluciones para los agricultores afectados, entre ellos el Gobierno central, y partidos políticos como PSOE o Adelante Andalucía, así como los grupos ecologistas que entienden que esta es una Ley que «amnistía» a agricultores ilegales.

Juan Romero, portavoz de Ecologistas en Acción en el Consejo de Participación de Doñana, indicó a Efe que «se ha sabido que llevarán la proposición de Ley al último pleno de septiembre para su aprobación, que será aprobada al tener el PP mayoría absoluta». Y lamentó que no se hayan tenido en cuenta las propuestas de otras organizaciones y colectivos que están en contra de la medida y que las registraron en el Parlamento de Andalucía «sin recibir» respuesta.

La convocatoria de la Ponencia coincide con la aprobación por parte de la Unesco en Riad de un informe en el que reconoce los progresos realizados por las autoridades para reducir el uso de aguas subterráneas del acuífero de Doñana, pero reitera su «intensa preocupación en cuanto a la sobreexplotación de tres de las cinco masas de agua del Espacio».

Por eso pide a España que «ponga en marcha de forma urgente todas las recomendaciones» que realizó la misión de la Unesco de 2020, hace ya tres años.