«La ley restaura la paz social y preserva Doñana»

Los agricultores de la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado y la Junta de Andalucía consideran que la ley de regadíos de Doñana no solo supondrá «un hito para preservar el acuífero» sino que servirá para «restaurar la paz social» en el territorio. Es más, confían en que la convocatoria extraordinaria para el próximo 10 de abril del Consejo de Participación del Parque Nacional sirva para que se retome el diálogo institucional y para que el Gobierno de España informe con «rigor» y «claridad» sobre lo que está transmitiendo a la Unión Europea.

El propio presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, volvió a asegurar ayer en el Parlamento que «miembros del Gobierno de la Nación están azuzando» a la Comisión Europea contra la Junta de Andalucía y la proposición de ley que pretende regularizar los regadíos, cuando la realidad es que dicha normativa «pondrá punto y final a pinchar acuíferos», una práctica que se ha realizado «durante años, sin que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir haya asumido su responsabilidad y sin que el Gobierno de España haya ejecutado el trasvase Tinto-Odiel-Piedra» para llevar agua en superficie a los regantes de la zona.

El Gobierno del PP insiste en que la proposición de ley «blinda Doñana» y que PSOE y Podemos tratan desde Madrid de confundir a la ciudadanía. «¿Quieren crear problemas? Créenlos», señaló el presidente a la portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto.

El portavoz de la plataforma, Julio Díaz, indicó que lo que piden es que «el texto se aborde con seriedad, con normalidad y entrando en la profundidad y en el fondo porque es un texto que no sólo preserva el acuífero sino que también preserva Doñana que restaura el daño causado y hace justicia social». «No supone ampliación de regadíos y si el reconocimiento de los derechos históricos de estas familias, y tampoco suponen ninguna amnistía y para van a ser unos terrenos que se van a poder regar cuando adquieran de nuevo su cualidad de regable con el agua del trasvase que siendo obra de interés general tiene que ejecutar el Gobierno de España y esto también lo vamos a pedir, ya que es una obra clave para el futuro de la agricultura, del turismo y la industria de Huelva», insistió.

Conservacionistas

Por su parte, desde la asociación Ecologistas en Acción declararon ayer que se puede buscar una solución a los más de 600 agricultores afectados pero «fuera del ámbito» del espacio natural.

El portavoz ecologista en el Consejo de Participación, Juan Romero, indicó que esa solución ha de ser también «siempre con el cumplimiento estricto de la legalidad». «Nosotros estamos en contra de los fondos de inversión, estamos en contra de tener a lo mejor grandes empresarios que tengan mucha superficie y, posiblemente, se podría discutir incluso una reconversión, es decir, el que más tenga o el que tenga, por ejemplo, muchas fincas pues lo que podían hacer es quitárselas y compensarlo con otros terrenos; pero lo que no se puede es incrementar en una hectárea más el regadío Doñana», señaló como posibilidad.