El impacto social de la investigación contará para acceder a una plaza universitaria

El ministro de Universidades, Joan Subirats, ha anunciado hoy miércoles que las personas candidatas a una plaza universitaria no tendrán que justificar todos sus méritos de forma documental, aunque de manera aleatoria se harán inspecciones, y se tendrá en cuenta el impacto social de sus aportaciones científicas.

En una comparecencia a petición propia en la Comisión de Ciencia y Universidades del Congreso para informar de las acciones de su cartera y la puesta en marcha de la Ley del Sistema Universitario, ha dicho que el nuevo real decreto sobre acreditación estatal para obtener una plaza ya no obligará a justificar todos los méritos documentalmente -sólo los importantes-, pero habrá inspecciones "exhaustivas".

Las personas candidatas podrán presentar un currículum breve con sus aportaciones más relevantes y el apoyo de indicadores cuantitativos, y habrá procedimientos simplificados para evitar que respecto de docentes e investigadores que están en el extranjero (sean nacionales o foráneos) el procedimiento se convierta en una barrera para la internacionalización y la atracción de talento.

Incorporará además el impacto social, es decir, valorará la calidad científica, pero también la relevancia social y local de las aportaciones científicas, ha indicado Subirats, quien ha añadido que la ciencia financiada con fondos públicos deberá ser accesible de forma pública y gratuita, y en el ámbito de la docencia se tendrá en cuenta tanto la experiencia como la calidad docente.

El Ministerio está coordinando este proyecto a través de un grupo de trabajo con representantes de las universidades, las comunidades autónomas, las agencias de calidad y los sindicatos mayoritarios.

Otra de las cuestiones en las que se está trabajando, una vez aprobada la Ley del Sistema Universitario (LOSU), es el futuro real decreto que regulará los ámbitos de conocimiento -a los que se deberán adscribir las plazas de profesorado universitario-.

En consecuencia, ha explicado, se requiere que "las categorías sean relativamente reducidas en número, pero suficientemente amplias, exhaustivas y mutuamente excluyentes, para favorecer que cada plaza tenga siempre un ámbito de conocimiento al que adscribirse, y solamente uno".

El ministro ha subrayado asimismo que en la acreditación estatal para el acceso a los cuerpos docentes universitarios continúa siendo una competencia de la ANECA, pero esta agencia estatal podrá acordar, mediante convenio, el desarrollo de la evaluación de dichos méritos por parte de las agencias de calidad autonómicas.

Durante la comparecencia, el ministro ha agregado que el real decreto sobre doctorados por el que se modifica el anterior de 2011, ampliará a cuatro años el plazo máximo para realizar la tesis, a tiempo completo, en lugar de los tres actuales.

El ministro ha recordado que recientemente, en el marco del V Encuentro Internacional de Rectores de Universia, celebrado en Valencia, el gobierno reafirmó su compromiso de alcanzar el 1% del PIB para la educación superior en el marco del plan de incremento en el ámbito educativo, en los siguientes 10 años.

Para materializar este compromiso junto a las comunidades autónomas, se ha creado un grupo de trabajo para recabar de las universidades los datos sobre el coste de sus plantillas, y determinar así su cuantía y el aumento progresivo necesario para cubrir los gastos teniendo en cuenta el nuevo régimen de dedicación del Personal Docente e Investigador que establece la LOSU, y la previsión sobre las jubilaciones.

Por otro lado, ha informado de que en breve se presentará un estudio que cuantifica el impacto económico del sistema de universidades públicas sobre la economía del país, en términos de PIB, informa Efe.