Infantil empezará a ser gratis el curso 2025-26 en Andalucía

La Junta de Andalucía anunció ayer que iniciará de forma «progresiva» el sistema de gratuidad del primer ciclo de Educación Infantil en el curso 2025-26. Se trata de un compromiso adquirido por el Ejecutivo de Juanma Moreno al que no renuncia, pese a tener que devolver hasta 119 millones de euros de fondos europeos del Next Generation ante la negativa del Gobierno de España a destinarlos a este fi concreto.

«Pase lo que pase, a partir de ese curso, la Junta de Andalucía empezará paulatinamente a desarrollar el modelo de gratuidad prometido y comprometido con toda la comunidad», sentenció ayer el portavoz del Gobierno y Consejero de Sostenibilidad, Ramón Fernández-Pacheco. La etapa educativa de cero a tres años empezaría a ser gratuita porque «estamos convencidos de que beneficia a todo el mundo» y se ejecutaría con fondos propios de la administración autonómica, «sin renunciar a fondos extraordinarios», según precisó Fernández-Pacheco.

Habrá un nuevo modelo

La decisión fue consensuada la pasada semana con la comunidad educativa. De hecho, la aplicación de esta medida conllevará una nueva convocatoria de la mesa sectorial para «consensuar» un «nuevo modelo de primer ciclo» de Infantil, en el «marco de colaboración y negociación permanente de la Consejería de Desarrollo Educativo con el sector».

La Junta ha procedido a reintegrar al Gobierno de España los fondos europeos que correspondían a la comunidad en el marco del «Programa de Cooperación Territorial de impuso de escolarización en el Primer Ciclo de Infantil con nuevas plazas de titularidad pública (prioritariamente de 1 y 2 años)», incluido en el Componente 21 «Modernización y digitalización del sistema educativo, incluida la educación temprana de 0 a 3 años» del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. «Esta decisión se adopta en defensa del modelo educativo de primer ciclo Infantil implantado en Andalucía y porque de su aplicación se derivaría la desaparición del sector», señala la Junta.

En total eran 123 millones de euros, de los que se han ejecutado menos de 4 millones en dos convocatorias de subvenciones a ayuntamientos a la que muy pocas entidades locales concurrieron.

Fernández-Pacheco insistió ayer en que la petición de la Junta era «razonable», pero «no hemos tenido esa suerte» de su aceptación por el Gobierno a diferencia del trato ofrecido a otras comunidades, por lo que esgrimió «el consenso en devolver esos fondos» y en paralelo «asumir un compromiso de gratuidad a partir del curso 2025-26». El andaluz es un modelo de éxito de colaboración público-privado que facilita la escolarización de más de 100.000 niños y niñas en el presente curso escolar.

16.000 empleos en juego

La consejera Patricia del Pozo resaltó la defensa «sin fisuras» que el Gobierno andaluz hace junto al sector de un modelo de éxito, con 16.000 puestos de trabajo, que sitúa a Andalucía entre las Comunidades con mayor tasa de escolarización en España, puesto en peligro por la «sinrazón del Gobierno de España de no adaptar los fondos europeos a la realidad andaluza, como así ha hecho con otras comunidades».

La mesa sectorial celebrada el 21 de marzo acordó también «incrementar para el próximo curso un 14,74% el precio del servicio de comedor escolar, hasta alcanzar 92 euros al mes por alumno», una subida en la tarifa que asumirá al completo la Junta de Andalucía.

Por otro lado, la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública y las universidades de Andalucía firmaron un acuerdo para la realización de prácticas en los servicios de cooperación con la justicia por el que se «garantiza» la protección social de los estudiantes universitarios que hagan prácticas en los servicios que existen a disposición de la Justicia, como los Puntos de Encuentro Familiar (PEF), los Servicios de Asistencia a Víctimas de Andalucía (SAVA) y los Puntos de Información a la Mediación (PIMA) existentes en las ocho provincias.

Para ello, ha sido necesario adaptar el Convenio de Cooperación Educativa a los cambios normativos acordados por el Gobierno central que obligan a las empresas a cotizar por todos los alumnos.