Judicatura

“Ningún poder del Estado puede ni debe dar instrucciones a los jueces”, ha dicho Isabel Perelló Domènech, designada como presidenta del Tribunal Supremo y del Poder Judicial. Ha debutado con el aplauso de tirios y troyanos. Se posiciona como una magistrada independiente de los otros poderes constitucionales. Ese comienzo es prometedor, tomando en cuenta los ataques sostenidos a los jueces por parte de ministros socialistas y comunistas. Se irá mirando su actuación en el complejo pulso, con que el gobierno enfrenta al tercer poder.

La aspiración del conglomerado judicial es que los jueces sean elegidos por ellos mismos y no designados por las fuerzas políticas principales: PSOE/PP. Eso no ha ocurrido aún, tras cuarenta años largos de democracia. Ese sistema debería incluir al fiscal general del Estado, que funciona como una extensión en defensa del Ejecutivo, que es quien lo nombra a dedo como capitoste del Ministerio Público, es decir un ministro más.

Otro apéndice, no menos valorable, es el Tribunal Constitucional, cuyo presidente es un firme defensor de las decisiones del Ejecutivo. Aunque no es un tribunal al uso, sus sentencias son fundamentales para apoyar decisiones que coliden con la Constitución 78. El ejemplo más reciente es la Ley Amnistía, cuya constitucionalidad está en entredicho. Una argucia, dicen los especialistas, del Ejecutivo para adecuar la Carta Magna a sus necesidades de seguir gobernando.

La presidencia de Isabel Perelló Domènech apenas comienza. Mantener el tipo sobre sus palabras iniciales va a ser una carrera de obstáculos. “Mujer y catalana”, dijo la sonriente portavoz Pilar Alegría. Esa doble condición le agrada más que la propia trayectoria de la magistrada. Señala la joven ministra de encajar a la juez como alguien de su grupo. Si doña Isabel se mantiene en sus treces, seguramente que algún ministro la señalará como una traidora o algo peor.

La fortaleza de un Estado democrático es desarrollar los sistemas electorales para que los miembros, que dirigen a todo nivel las instancias del gobierno, priven los méritos profesionales por encima de las apetencias políticas.