Procesan a Rivera y veinte investigados por las ayudas de los ERE a Ruiz-Mateos

El «caso ERE» sigue sumando piezas. El Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha dictado un auto en el que acuerda continuar como procedimiento abreviado las diligencias previas seguidas contra el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Daniel Alberto Rivera y otras veinte personas investigadas en una pieza separada centrada en las presuntas irregularidades en las ayudas que la Junta habría concedido a empresas del Grupo Ruiz-Mateos –en concreto, Complejo Bodeguero Bellavista, Zoilo Ruiz-Mateos S.L., Hotel Cervantes -Europa Center- y Comercial Alimentaria Dhul – por un importe de 35.119.277,50 euros.

El magistrado argumenta la decisión «por si los hechos denunciados pudieran ser constitutivos» de presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad documental. El juez Vilaplana da traslado de la causa a la Fiscalía Anticorrupción y a las acusaciones personadas para que,en veinte días soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias. La causa sigue de este modo como procedimiento abreviado, como presuntos responsables penales, contra un total de 21 investigados, entre ellos el citado Rivera, varios directivos y representantes de las empresas que recibieron las ayudas (entre ellos, tres hijos del fundador del Grupo), cinco «intrusos» y tres responsables de las mediadoras Vitalia y Uniter, según informó la Oficina de Comunicación del TSJA.

Por otro lado, el magistrado acuerda el sobreseimiento provisional de la causa respecto de otros 16 investigados al considerar que «no se encuentran en la causa indicios sólidos que permitan atribuirles participación -relevante penalmente- en los hechos». En esta casuística están otros tres hijos de Ruiz-Mateos, un ex delegado de Empleo de la Junta de Andalucía en Cádiz o varios miembros del comité de empresa «sin perjuicio de que conocieran que las correspondientes pólizas de prejubilación iban a ser financiadas por la Consejería de Empleo de la Junta».

El instructor explica que no es posible depurar la posible responsabilidad penal ni continuar el procedimiento por su participación en estos hechos presuntamente delictivos contra el exconsejero de Empleo Antonio Fernández; el exviceconsejero del ramo Agustín Barberá, los ex directores generales de Trabajo Juan Márquez y Francisco Javier Guerrero (ya fallecido) y un ex director general de la agencia IDEA, pues «ya habrían sido encausados por la perpetración de aquéllos en el procedimiento abreviado relativo a la ilicitud penal del denominado procedimiento específico instaurado para llevar a efecto la ilícita concesión de ayudas por parte de los responsables de la Junta», siguiendo así el criterio «a tal efecto establecido» por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla en distintos autos que confirman la exclusión de esta pieza de dichos ex altos cargos.