Kichi: «Para el PP el mero hecho de no gobernar ya es ilegal»

El ex alcalde de Cádiz José María González Kichi declaró como investigado por un presunto delito de prevaricación en el Juzgado de Instrucción número dos de la capital gaditana por el papel que desempeñó en el Ayuntamiento un asesor que el gobierno local llevó a Cádiz en el año 2018 y aseguró que se actuó «con estricto cumplimiento de la legalidad y teniendo conocimiento de lo que se podía y no se podía hacer», por lo que espera que se archive la causa. «No tenemos nada que esconder. Estamos absolutamente tranquilos. Todo lo que se hizo, se hizo por el bien de la ciudad, y evidentemente con un estricto cumplimiento de la legalidad», señaló el ex alcalde a la salida de los juzgados, donde acudió a «aclarar lo sucedido» en una causa en la que «sorprendentemente, también se presenta como acusación el PP, como las 17 causas anteriores».

«Se ha respondido con todo nuestro afán de esclarecer los sucesos y de colaborar con el desarrollo de la justicia. Nosotros somos los primeros interesados en que se aclare el tema. No tenemos nada que esconder», incidió el ex alcalde de la ciudad, que insistió en la acusación del PP, afirmando que «parece ser que en esta ciudad, y según la estrategia que se ha mantenido, y 17 denuncias anteriores avalan lo que digo, para el PP el mero hecho de no gobernar ya es ilegal y evidentemente, pues todo lo que emane del ejercicio de su no gobierno, pues también lo es».

Los hechos se centran en el papel que desempeñó en el Ayuntamiento un asesor que el gobierno local llevó a Cádiz en el año 2018 y que durante varios meses estuvo analizando y manipulando documentos municipales, pese a no formar parte de la plantilla ni tampoco ser nombrado asesor del alcalde, de su gobierno ni de ningún ente dependiente del Ayuntamiento, según la acusación.

En este sentido, según se desprende de las diligencias e investigación, iniciada en 2021, la llegada del asesor al Ayuntamiento estaría avalada por la organización nacional de Podemos, para la que trabajaba en Madrid, desde donde llegó a Cádiz a asesorar en materia de contratación, en la que lo consideraban un experto, dando órdenes que debían ser acatadas por los funcionarios y siendo respaldado por el equipo de gobierno. Esto fue negado por el ex alcalde, que aseguró que «evidentemente que no di órdenes, si las hubiese dado evidentemente los funcionarios se hubiesen quejado, y no fue así».

Por su parte, Adelante Andalucía defendió que esta causa es un «ejemplo visible de lawfare» al entender que «estamos hablando de que le han puesto 18 denuncias» y que «17 han sido archivadas», para augurar que «la 18 también será archivada».

«Este es el aviso para el que quiera ser también alcalde en su ciudad, y no sea de los partidos del régimen», aseguró el responsable de Organización, Néstor Salvador, quien situó este cúmulo de procesos judiciales como «el aviso a la ciudadanía de que si te atreves a quitarle el mandato a una de las jefas del PP, como era Teófila Martínez, te van a perseguir».