Llegan las europeas: el PSOE-A enarbola la defensa de la caza

Las elecciones europeas se acercan y el PSOE-A ya no reniega de la caza ni mira hacia otro lado mientras el Gobierno de Pedro Sánchez adopta decisiones que perjudican al sector cinegético, como ha sucedido en los últimos tiempos. Los socialistas andaluces, con Juan Espadas a la cabeza, se han desconectado del mundo rural –así se reflejó en los últimos resultados electorales– y, con decisiones muy cuestionadas desde Bruselas, intentan acercarse ahora con giros políticos poco creíbles, hasta el punto de calificar la caza como «una herramienta vital» para la comunidad autónoma.

Y es que restan poco más de dos meses para decidir decidir quién defenderá los intereses españoles y andaluces en la Unión Europea. Al inicio de esta legislatura entró en vigor la polémica Ley de Bienestar Animal. Además, la reforma del Código Penal en materia de maltrato animal dejó a la cinegética en una situación de inseguridad jurídica. A ello hay que unir que durante los últimos años el Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios de Sumar prohibieron la caza del lobo –que no afecta a Andalucía–, la de la tórtola y se ha intentado hacer lo mismo con la de la codorniz.

Sin embargo, en otra muestra de incoherencia política el partido socialista ha registrado una Proposición no de ley (PNL) de impulso al Pacto Andaluz por la Caza en la que recuerda que se trata de una actividad «fuertemente arraigada» y que cuenta con 256.000 cazadores en más de 7.500 cotos por todo el territorio andaluz, así como que el sector «moviliza 70 millones de euros director y 3.500 indirectos, generando más de 45.000 empleos». Por ello, el PSOE habla ahora de «respeto a las actividades económicas tradicionales y de equilibrio económico, social y territorial, imprescindible para generar empleo y fijar población al territorio». El PSOE-A pone de manifiesto que la caza está presente «en el 80% del territorio», configurándose como «una herramienta vital para la conservación del patrimonio natural andaluz y el desarrollo rural», avanzando en «sostenibilidad y la conservación de la biodiversidad». Llega a decir en su exposición de motivos que «es el momento de impulsar» el pacto andaluz por la caza, «al objeto de apostar por una modelo de caza social, sostenible, regulada y ordenada», adjetivos que el Gobierno de Juanma Moreno ha venido repitiendo en respuesta a los ataques recibidos por el sector y por lo que fue muy criticado.

La PNL plantea seis puntos que incluyen el «impulso del Pacto Andaluz por la Caza», medidas de «promoción y difusión institucional de los valores de la caza», poner en marcha «de inmediato» el estudio que acredite científicamente la «viabilidad de la actividad del silvestrismo en los términos exigidos por la Comisión Europea –algo que el Gobierno de Sánchez negó–», apostar por la «socialización de la caza» cediendo montes públicos, simplificando trámites e incentivando la participación»; aprobar el Plan de Investigación Científica Aplicada a la Caza; y llega a reclamar un incremento en el próximo presupuesto de Andalucía de los recursos del Instituto Andaluz de Caza y de las delegaciones territoriales» para dar una definitiva respuesta al sector.

El propio presidente de los cazadores andaluces, José María Mancheño, ha criticado en el pasado al PSOE por «dar la espalda al mundo rural» y avisado, por ejemplo, de que «el peligro está en Bruselas» pero que «la ciencia está con nosotros».

Todo ello coincide con semanas de protestas de agricultores y ganaderos. Ayer se oficializaron las medidas de flexibilización en la aplicación de la PAC demandadas por el sector y que por ahora en Andalucía se consideran insuficientes. Al PSOE-A le resta mucho camino por delante para conectar de nuevo con el campo y tiene muy poco tiempo para lograrlo.