La polémica
Una presa proyectada en 2006 evitaría inundaciones en el Guadalhorce, en Málaga
"Al construirse un azud en el Río Grande para realizar la toma de agua, este contribuye a la regulación del mismo, y, por tanto, a disminuir los efectos asociados a las inundaciones", decía el informe de viabilidad
E n marzo de 2006, Acuamed realizó un informe de viabilidad que avalaba el proyecto de conducción desde la presa de Cerro Blanco (Río Grande) a la ETAP del Atabal (Málaga) según lo contemplado en la Ley 11/2005, de 22 de Junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional. El estudio está firmado el 10 de julio de ese mismo año por el Secretario General para el Territorio y la Biodiversidad, Antonio Serrano Rodríguez, nombrado por la ministra de Medio Ambiente de esa época, Cristina Narbona –actual presidenta del PSOE–. Esa idea es la que quiere retomar ahora la Junta de Andalucía, que va a pedir colaboración al Ministerio para la Transición Ecológica, según anunció ayer el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, durante la sesión plenaria del Parlamento de Andalucía.
El estudio de viabilidad señalaba que los Ayuntamientos beneficiados y/o, en su caso, la Junta de Andalucía «deberá formalizar con Acuamed y con carácter previo al inicio de las obras, un compromiso por el que financian, tal y como consta en el informe de viabilidad, el 48% de la inversión total de esta actuación. Este compromiso deberá prever también los gastos de explotación, mantenimiento y conservación que se repercutirán en las tarifas, de tal forma que se tienda, para el año 2010, a una recuperación total de los gastos de generación del agua».
El proyecto inicial estaba orientado, fundamentalmente, a mejorar el abastecimiento de agua. De hecho, se partía de una realidad que aún perdura al día de hoy: «Las fuentes de recursos de que dispone la ciudad de Málaga para su abastecimiento son actualmente deficitarias».
Igualmente se apuntaba que «al problema del déficit en el abastecimiento, hay que añadir la deficiente calidad del agua de suministro que presentan los actuales recursos debido a su alta salinidad, y que hace necesario su tratamiento en la planta de El Atabal». Se incidía en que «de los tres embalses de cabecera del sistema de abastecimiento de la ciudad de Málaga, el que peor calidad presenta es el Guadalhorce, como consecuencia de las aportaciones de aguas salinas subterráneas que surgen en el vaso del embalse a través del manantial de Meliones. Por el contrario, el agua de mejor calidad es la del Conde del Guadalhorce, que regula los recursos del río Turón».
Así las cosas, se detallaba en el estudio de viabilidad que «el objetivo perseguido con esta actuación es la mejora del sistema de abastecimiento a Málaga, mediante el aprovechamiento del agua del Río Grande, único cauce de la cuenca del Río Guadalhorce que actualmente no está regulado, como nueva fuente de recursos hídricos para el abastecimiento de la ciudad de Málaga, aprovechando la gran calidad de su agua para el consumo humano».
Por último, se puntualizaba que «si bien únicamente con los aportes procedentes de la derivación del Río Grande, los cuales se cifran en 20 hm3/año, no es posible subsanar completamente el déficit de abastecimiento en el futuro, esta actuación contribuirá a reducir significativamente el mismo, de manera que conjuntamente con otras actuaciones previstas, el déficit en el año horizonte de 2018 sea nulo».
Lo más trascendente, a la vista de las últimas lluvias y los problemas causados en la zona, es que esta actuación, además de garantizar y mejorar el abastecimiento, afirmaba lo siguiente: «Si bien no es objeto de esta actuación el disminuir los efectos de las inundaciones, al construirse un azud en el Río Grande para realizar la toma de agua, este contribuye a la regulación del mismo, y, por tanto, a disminuir los efectos asociados a las inundaciones». Y matizaba que «el diseño del azud se ha realizado teniendo en cuenta el aspecto asociado a la inundación como consecuencia de la rotura de la presa utilizando la Guía Técnica para la Clasificación de presas en función del riesgo potencial».
Indirectamente, la ventaja de acometer esta obra también tendría otros beneficios: «La mejora del estado de las aguas subterráneas y superficiales conlleva asociada una mejora indirecta, a largo plazo, de los ecosistemas terrestres como la flora, la fauna y los hábitats correspondientes. En este sentido, a nivel cuantitativo y cualitativo, la mejoría de una masa de agua subterránea puede tener repercusiones en la calidad ecológica de las aguas superficiales y de los ecosistemas terrestres asociados con la misma».
Tras las últimas inundaciones, el Gobierno andaluz quiere retomar una obra que incluyó en el tercer decreto de sequía, cuando la falta de agua era la prioridad máxima. Para ello deberá contar con el apoyo del Gobierno central, reacio, hasta la fecha a este tipo de infraestructuras. Mientras tanto, y para evitar las riadas, lo que sí está en la mano de las administraciones es cooperar en la limpieza de los cauces. En el caso del río Guadalhorce, el consejero Ramón Fernández-Pacheco señaló en el Parlamento que la Junta ha invertido 15,7 millones desde el año 2019. Esta cantidad supone más de un 446% de lo que el PSOE invirtió en cauces «no del río Guadalhorce, sino de toda la provincia de Málaga».
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