Más depuración y menos inspecciones en Andalucía

La Dirección General de Recursos Hídricos de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía ha hecho público el Plan Anual de Inspección de vertidos y el Programa Anual de Inspecciones de Vertidos al Dominio Público Hidráulico Intracomunitario y al Dominio Público Marítimo-Terrestre para 2023. El mismo lleva implícita una reducción del 3% de las actuaciones con respecto a la programación del año pasado. La cifra de inspecciones ha ido menguando cada año levemente desde 2018, coincidiendo con el aumento de la inversión en proyectos de depuración de aguas residuales, que ha permitido la puesta en marcha de las 300 infraestructuras de este tipo declaradas de interés general de la comunidad en 2010, la mayoría de las cuales no contaba hace cuatro años ni siquiera con el proyecto redactado.

La Junta tiene las competencias de inspección y vigilancia del dominio público hidráulico, ejerciendo las funciones de policía sobre los aprovechamientos y, en particular, sobre los sistemas de abastecimiento y depuración de las aguas, el mantenimiento y el control de las obras hidráulicas de la Administración autónoma, así como de las aguas litorales y del resto del dominio público marítimo terrestre. La frecuencia de las inspecciones a realizar se basan en ocho criterios: adecuación de las instalaciones de tratamiento de los vertidos; incumplimientos detectados con anterioridad; población atendida o volumen que vierte la industria; peligrosidad del vertido industrial; existencia en núcleos urbanos de un número importante de industrias o de industrias altamente contaminantes por la toxicidad potencial de sus vertidos o por el volumen de los mismos; cercanía y tamaño de la población que pudiera verse afectada, en su caso, por el vertido; existencia de espacios naturales protegidos o especies en peligro; y aquellos otros que se consideren necesarios por la calidad del medio receptor.

La Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental prohíbe los vertidos susceptibles de contaminar las aguas, cualquiera que sea su naturaleza y estado físico, que se realicen, de forma directa o indirecta, a cualquier bien del dominio público hidráulico o, desde tierra, a cualquier bien del dominio público marítimo terrestre y que no cuenten con la correspondiente autorización administrativa. Además, la Ley de Aguas de Andalucía da potestad a la Consejería, «en cualquier momento y sin previo aviso», para acceder a las obras e instalaciones de tratamiento de aguas residuales sujetas a inspección para «comprobar las características del vertido y contrastar el cumplimiento de las condiciones impuestas» en la autorización otorgada previamente.

TRES AL DÍA

Bruselas establece que las inspecciones medioambientales deben planificarse de antemano. Para el presente ejercicio se han programado un total de 1.138 actuaciones, lo que representa un 3% menos que en 2022 y una cifra casi un 5,5% inferior a la que se previó en 2018 con gobierno socialista.

El «planning» contempla por un lado las inspecciones al dominio público hidráulico intracomunitario, con un total de 674. El dato más llamativo es el de expedientes industriales, que se reducen a 82 o, lo que es lo mismo, un 17,2% menos que en 2018. En cambio, los expedientes urbanos se sitúan en 381. En el control de vertidos al dominio público marítimo terrestre se planifican 464 en total, correspondiendo solo 77 a expedientes industriales y 69 a urbanos. La provincia en la que más inspecciones se realizarán es Cádiz, con un total de 403, seguida de Huelva, con 254, y Málaga, con 192. Otras 179 se ejecutarán en Almería, 79 en Granada y 31 en Sevilla. En estos cuatro años, la provincia en la que más se han reducido ha sido Almería, con un 17% menos.

El julio de 2018 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenó a España al pago de una multa coercitiva por cada semestre de 10.950.000 euros y una multa a tanto alzado de 12 millones por incumplimiento de la normativa europea de depuración de aguas residuales. El Consejo de Ministros imputó a la Junta la responsabilidad por el incumplimiento de cuatro aglomeraciones urbanas que no tenían infraestructura para depurar adecuadamente sus aguas residuales: Alhaurín el Grande, Coín, Tarifa e Isla Cristina. Y a la Administración General se imputaba la responsabilidad de otras 4 aglomeraciones urbanas: Estepona, Barbate, Matalascañas y Nerja. La única actuación por la que la Junta sigue pagando sanción es la EDAR de Alhaurín el Grande. El importe a pagar por la Junta por semestre en la actualidad es de 634.320,36 euros.

DECRETO DE SEQUÍA, POR EMERGENCIA

La consejera de Agricultura, Carmen Crespo, ha anunciado que este mes el Consejo de Gobierno aprobará un tercer decreto de sequía que llevará aparejado la ejecución de más obras consideradas de emergencia para la comunidad y que, por consiguiente, seguirán el mismo procedimiento de adjudicación directo utilizado para responder con agilidad durante la alerta sanitaria y que la oposición está utilizando para erosionar a Juanma Moreno antes de las municipales. En los dos anteriores decretos de sequía la Junta ha movilizado un total de 140 millones de euros. Dichas obras están encaminadas a mejorar el abastecimiento, instalar usos terciarios en depuradoras y mejorar la eficiencia de los sistemas.