La ministra Montero «se queda» con el déficit, lo que criticaba cuando era consejera

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero defiende ahora todo lo que criticaba cuando era consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía. Entonces, exigía un nuevo modelo de financiación autonómica que permitiera a las comunidades autónomas mayor capacidad de gasto y no lo ha cumplido. Igualmente, solicitaba un fondo de compensación para las comunidades infrafinanciadas como Andalucía, que percibe menos dinero que la media, propuesta que no ha atendido pese a que los presidentes de Andalucía, Comunidad Valenciana, Región de Murcia y de Castilla La Mancha se lo han exigido. Y lo último que ha incumplido con respecto a lo que ella misma defendía cuando era la responsable de Hacienda en Andalucía es el desigual reparto de los objetivos de déficit entre el Estado y las comunidades autónomas, ya que el primero se queda con un porcentaje mucho más elevado.

En 2018, por ejemplo, la entonces consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero arremetía contra el Gobierno de Rajoy porque cuadraba «sus cuentas gracias a comunidades y ayuntamientos» del conjunto del Estado y advertía de que «el milagro económico del que quieren alardear Rajoy y Montoro –por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro– lo están haciendo los ayuntamientos y las comunidades».

La actual ministra exigía en esos años «un reparto más equilibrado del objetivo de déficit entre el Estado y las comunidades autónomas» porque «no se puede seguir ajustando en sanidad, educación y dependencia, que es el gasto donde tenemos competencia las comunidades».

Esgrimía entonces que los últimos datos de la Intervención General de la Administración del Estado sobre la distribución del gasto en 2013 indicaban que la Administración central acaparaba el 23,4% y las comunidades, el 31,2%, es decir, 7,8 puntos porcentuales más en el caso de las regiones.

Ese mismo argumento sirve ahora e incluso se ha agravado, pues las regiones han asumido más gasto. La Intervención General del Estado, en su estudio sobre participación institucional en el gasto consolidado del sector de las administraciones públicas, señala que en 2022 (dato provisional) el Estado asumió el 24,0% y las regiones un 32,0%, es decir, un 8% más. En 2021 la diferencia fue incluso mayor, porque la Administración General del Estado tuvo una participación en el gasto del 22,2% y las administraciones regionales del 32,8, una diferencia de 10,6%.

Este desigual reparto ha cobrado de nuevo actualidad porque la mayoría absoluta del Partido Popular en el Senado ha tumbado definitivamente los objetivos de estabilidad presupuestaria para el conjunto de administraciones públicas en el periodo 2024-2026 planteados por el Gobierno. La nueva senda será la remitida a la Comisión Europea en abril dentro del Programa de Estabilidad, lo que se traduciría en una menor capacidad de gasto para comunidades y ayuntamientos.

En el ámbito territorial, los objetivos que se aplicarán fijan la estabilidad presupuestaria para comunidades autónomas –frente al déficit del 0,1% rechazado– y un superávit del 0,2% para ayuntamientos este año –frente al equilibrio presupuestario anteriormente planteado–, lo que supone dar menos margen para el gasto de ambas Administraciones.

En el caso de Andalucía, según denuncia el PSOE, la menor capacidad para generar déficit, supondrá un recorte de 600 millones en capacidad de gasto.

Por su parte, el presidente andaluz Juanma Moreno, ha defendido en el Parlamento autonómico que este cambio no tendrá impacto en el presupuesto autonómico de 2024 porque las entregas a cuentas «estaban, precisamente, calculadas a la baja» al tiempo que critica que «el Estado se reserva el 97% del déficit y a las comunidades autónomas le deja un 3%». Es lo mismo que esgrimía Montero en 2018 y que ahora no aplica.