"Es un momento crítico. Se están alterando las bases del Estado de Derecho"

"Indignados y preocupados". Así se encuentran los principales colectivos de profesionales -jueces, fiscales, inspectores de hacienda, interventores...- que conforman la Administración General del Estado. Todos reclaman a la sociedad que haga suyas sus preocupaciones porque, aseguran "se están alterando las bases del Estado de Derecho", como ha apuntado Conrado Gallardo, magistrado de la Audiencia Provincial de Sevilla y miembro del Foro Judicial Independiente. Gallardo, a propósito de la ley de amnistía y el borrador que maneja el Tribunal Constitucional, ha apuntado también que la "Constitución tiene un agujero".

Por su parte, Ana Ercoreca de la Cruz, presidenta de Fedeca, Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, no ha dudado en señalar que hay un plan para una "demolición deliberada".

Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales, ha puesto voz al manifiesto y ha señalado que quieren "presionar" para que el Gobierno "tome otros caminos". "No descartamos ni más paros ni llegar a una huelga", ha advertido.

La iniciativa nació en marzo de 2024 en contra de la amnistía y ahora se ha reforzado una vez que el Consejo de Ministros ha remitido al Congreso de los Diputados, para que inicie su tramitación parlamentaria, el Proyecto de Ley Orgánica para la Ampliación y Fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal.

"El sistema de oposición es objetivo, igualitario y hay un sistema de becas", ha señalado Dexeus. "Desde el momento en el que ese sistema decae y deja resquicios, se facilita el control político", ha lamentado.

"España se merece un pacto de Estado por la justicia. Que se sienten nuestros políticos y sentar las bases de un poder judicial robusto", ha dicho. Sobre si es el peor momento para que jueces y fiscales desarrollen sus funciones por las presiones del Gobierno, Dexeus ha comentado que "cuando quien dirige la Fiscalía General está investigado por el Supremo y se mantiene en el cargo pese a su situación procesal, la credibilidad de la institución decae".

Por su parte, Joaquín Yust Escobar, magistrado de la Audiencia Provincial de Sevilla, ha comentado las presiones "sin precedentes" que reciben en su trabajo diario.

El pacto está suscrito, entre otros, por la Asociación de Fiscales, la Asociación Profesional de la Magistratura, el Foro Judicial Independiente, la Asociación de Abogados del Estado, la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, el Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, la Asociación Profesional de Letrados de la Administración de la Seguridad Social y la Asociación de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local como representantes de cuerpos de funcionarios del Estado y la administración local, jueces y fiscales, y profesionales del derecho. Sus representantes acordaron también crear un comité de coordinación con el propósito de trasladar a la sociedad civil nacional e internacional la importancia de los valores constitucionales de legalidad, seguridad jurídica, igualdad y separación de poderes, así como la independencia de los cuerpos profesionales, como muestra de su compromiso en la defensa del Estado social y democrático de derecho.