Rechazo

Los nuevos proyectos de renovables ocupan el 0,74% del territorio andaluz

El Parlamento rechaza una iniciativa que insta a la paralización de estas instalaciones verdes

El alcalde de Coria del Río (Sevilla), Modesto González, defendió en el Parlamento andaluz la ILPA
El alcalde de Coria del Río (Sevilla), Modesto González, defendió en el Parlamento andaluz la ILPAEPEP

El Pleno del Parlamento andaluz rechazó una Iniciativa Legislativa de los Ayuntamientos (ILPA) que planteaba la suspensión de los «megaproyectos» de energías renovables, dada su afección al medio ambiente. El alcalde de Coria del Río (Sevilla), Modesto González, fue el encargado de su defensa, exigiendo un proceso «planificado y racional» bajo el paraguas de un Plan de Transición Energética, ya que «el Plan de Acción por el Clima de Andalucía no incluye esta necesaria planificación».

La portavoz de Adelante Andalucía, Maribel Mora, acusó al Gobierno andaluz de «alicatar» la comunidad autónoma con placas solares. Sin embargo, la Junta aseguró que, en el hipotético caso de que todos los proyectos que actualmente están en tramitación –alrededor de mil– salieran adelante, la superficie que ocuparían es de 65.000 hectáreas, lo que representa el 0,74% del territorio andaluz y el 1,53% del suelo cultivable. Así lo señaló cuando el Consejo de Gobierno rechazó esta iniciativa, remarcando el Ejecutivo de Juanma Moreno que «comparte plenamente que el desarrollo e implantación de proyectos de energías renovables en la comunidad debe venir acompañado de la salvaguarda de los intereses medioambientales, territoriales culturales y sociales», un extremo que ya se cumple actualmente mediante un proceso «transparente y participativo». La Consejería de Política Industrial y Energía explicó que la tramitación de plantas de generación renovable se ajusta a una legislación estatal. «El Gobierno andaluz, por tanto, no tiene competencias para la suspensión de los procedimientos de autorización», por lo que establecer una moratoria como pretende la ILPA «solo competería al Gobierno de la Nación».

Aclara la Junta también que la Ley 39/2015 impide el objetivo de la iniciativa, puesto que obliga a dictar resolución expresa y notificarla en todos los procedimientos.

Recuerda el Gobierno andaluz que cada proyecto de energía renovable requiere de una autorización ambiental y su ubicación «tiene en cuenta posibles afecciones y debe ser compatible con la planificación territorial». Junto a ello, se someten a información pública y se consulta a las entidades afectadas. «Además, es de obligado cumplimiento la entrega de un estudio de la evolución durante un año de la avifauna en la zona donde se proyecten este tipo de iniciativas».

La implantación de los proyectos, paralelamente, está condicionada por la planificación de las infraestructuras de transporte eléctrico que diseña y ejecuta el Gobierno central a través de Redeia, «dado que las plantas se ubican donde existen estas infraestructuras y cuentan con capacidad de evacuación».

En definitiva, la Junta considera que las energías renovables «son fundamentales en la transición energética, en la lucha contra el cambio climático y en la necesaria descarbonización de la economía», máxime en el actual contexto geopolítico «con una crisis energética internacional sin precedentes que genera inquietud tanto por la volatilidad de los precios como por el abastecimiento de energía entre los países de la Unión Europea».

Recuerda la Junta que cuenta con su propio instrumento de planificación de la política energética para los próximos diez años, a través de la Estrategia Energética de Andalucía 2030, cuya elaboración «ha estado abierta a la participación de la ciudadanía, los agentes económicos y sociales y las administraciones». Uno de los objetivos marcados es cubrir el 75% de las necesidades eléctricas mediante la generación sostenible en 2026.

Por su parte, la ILPA subraya la necesidad de un compromiso «más fuerte con políticas energéticas más distribuidas y descentralizadas, donde se prioricen las pequeñas instalaciones e inversiones locales con eficiencia, gestión de la demanda, ahorro de energía, autoconsumo y mejora del rendimiento energético de los edificios». Junto a ello, insta a realizar un «seguimiento efectivo de los impactos en la biodiversidad del territorio, contemplando todas las actividades necesarias para su desmantelamiento».