Un parado de Doñana recibirá 307 euros por 71 de otras zonas

El acuerdo por Doñana es ya una realidad. El Gobierno central y la Junta de Andalucía han acordado una serie de medidas para sacar al Parque Nacional de la confrontación política, lanzar un mensaje de tranquilidad y unidad ante la Unión Europea e incluir fórmulas compatibles con la protección del humedal más grande de Europa y el desarrollo socioeconómico de los pueblos de la zona. La más destacada de estas iniciativas son las ayudas de 100.000 euros por hectárea a los agricultores de los cinco municipios de la Corona Norte de Doñana que apuesten por renaturalizar o reforestar los suelos de su propiedad y renuncien a la posibilidad de conseguir agua. Las otras dos líneas de ayudas para agricultores se concentran en aquellos que quieran transformar sus tierras en cultivos de secano o bien apuesten por la agricultura ecológica. Pero también hay otras concretas, como un plan de empleo especial de 5 millones para la zona.

El acuerdo firmado afecta a los 14 municipios del área de influencia de Doñana, que son Sanlúcar de Barrameda (Cádiz); Almonte, Bollullos Par del Condado, Bonares, Hinojos, Lucena del Puerto, Moguer, Palos de la Frontera y Rociana del Condado (provincia de Huelva), y Aznalcázar, Isla Mayor, La Puebla del Río, Pilas, y Villamanrique de la Condesa (provincia de Sevilla).

Según datos de septiembre de 2023 y que figuran en el acuerdo suscrito, el número de desempleados registrados en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en los 14 pueblos de la zona es de 16.253 personas. De ellas, 9.741 son mujeres (60%) y 6.512 hombres (40%). Esto significa que si se destinan cinco millones para un plan de empleo específico, habrá 307,63 euros por desempleado.

Por contextualizar estas cifras, el Gobierno de España ha incluido anualmente en los Presupuestos Generales del Estado desde 2021 un Plan de Empleo Especial para Andalucía dotado con 50 millones de euros. Esta cantidad ha sido criticada desde el Gobierno andaluz por considerarla insuficiente. De hecho, en junio de 2023, la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, señaló durante una intervención parlamentaria que con esos 50 millones de euros para este tercer plan de empleo –años 21, 22 y 23–, cada parado en Andalucía «recibe 71,6 euros, frente a los 194,2» que recibe por un plan similar cada desempleado de Extremadura o «a los 258,6» que le corresponde a cada parado en Canarias.

Por tanto, el Acuerdo por Doñana contempla la mayor inversión por desempleado en España, que multiplica por cuatro la del resto de Andalucía –307 euros por los mencionados 71 euros–. y supera el plan asignado a Canarias.

El acuerdo anticipa también que la previsión del Gobierno de España, siempre que consiga aprobar los Presupuestos Generales del Estado para 2024, repetirá la asignación prevista para el Plan de Empleo de Andalucía, es decir, 50 millones. El texto señala que éste se ampliará «a 55 millones de euros, destinando 5 millones al área de influencia de Doñana».

Esta cantidad, según figura en el Marco de actuaciones para el desarrollo territorial sostenible del área de influencia del espacio natural Doñana del Gobierno de España, se destinará a actuaciones que tengan por objeto incentivar la creación de empleo o el mantenimiento de los puestos de trabajo, especialmente para aquellos colectivos que tienen mayor dificultad en el acceso o permanencia en el mismo, así como a incentivos a la contratación para pymes y personas trabajadoras autónomas.

Igualmente, se prevé el desarrollo de planes de empleo en colaboración con las administraciones locales, que mejoren la empleabilidad de los colectivos más afectados, y/o se fundamenten en proyectos que sirvan para una mejor adaptación de las personas trabajadoras; actuaciones de apoyo a la inserción de las personas desempleadas basadas en la información, orientación profesional, motivación, asesoramiento, diagnóstico y determinación del perfil profesional; y mejora e impulso a la modernización del Servicio Andaluz de Empleo que redunden en una mayor eficacia de los servicios, situando a las oficinas de empleo como unidades centrales operativas dedicadas a la gestión y coordinación en la dimensión de lo local, reforzando la formación de los técnicos municipales.

La inversión prevista incluye la mejora continua y adaptación del Servicio Andaluz de Empleo para incrementar su capacidad de intermediación, medidas para incrementar la tasa de empleo femenina, acciones para mejorar la integración laboral de los colectivos en riesgo de exclusión y ausentes del mercado de trabajo y la integración laboral de las personas con discapacidad.