Pedro Sánchez ha ignorado las reivindicaciones andaluzas desde 2019

Pedro Sánchez tardó dos años y medio en recibir a Juanma Moreno en La Moncloa como presidente de la Junta de Andalucía. El actual jefe del Ejecutivo autonómico accedió al cargo en enero de 2019 tras un pacto con Ciudadanos –y el apoyo parlamentario de Vox–, pero el presidente del Gobierno de España no accedió a mantener un encuentro institucional con él hasta el 17 de junio de 2021 pese a las reiteradas solicitudes que recibió por parte de la administración andaluza.

El siguiente encuentro institucional en La Moncloa se produjo el 28 de julio de 2022, después de que el 19 de junio Moreno ganara las elecciones autonómicas con mayoría absoluta. En ambos casos, la agenda era muy similar y la «cordialidad» de las citas no se tradujo en acuerdos de alcance.

Con estos precedentes y con un contexto político mucho más complejo tras el acuerdo unilateral en materia de financiación del Gobierno con Cataluña, la delegación andaluza tiene pocas «esperanzas» de que el cónclave entre Sánchez y Moreno sea fructífero para los intereses andaluces. La portavoz del Ejecutivo autonómico, Carolina España, admitió ayer que Moreno «acudirá con un espíritu colaborativo, pero con pocas expectativas».

La principal reivindicación andaluza es la financiación autonómica, cuestión que ya planteó Moreno en 2021, en 2022 y volverá a hacerlo este viernes, aunque siempre dentro de una negociación conjunta con todas las comunidades autónomas y no de manera bilateral. Si hace unos años era muy complicado, a día de hoy, tras el acuerdo para dotar a Cataluña de un cupo económico similar al del País Vasco y Navarra, es inviable. Andalucía aboga, según explicó España, por un acuerdo «de forma multilateral, con luz y taquígrafos, con transparencia y sin llegar a acuerdos de espaldas al resto, como hemos visto que se ha hecho con una financiación privilegiada para Cataluña».

El segundo asunto capital para Andalucía es un fondo transitorio para regiones infrafinanciadas. El actual modelo de financiación perjudica a cuatro comunidades autónomas: Comunidad Valenciana, Andalucía, Castilla La Mancha y Región de Murcia. Todas reciben menos dinero que la media de autonomías, por lo que tienen menos capacidad para prestar servicios públicos. En el caso de Andalucía, necesitaría unos 1.500 millones de euros al año para equipararse con la media nacional. Ese dinero serviría para reforzar los servicios públicos. Estas cuatro comunidades han planteado al Estado un fondo especial para subsanar esa distorsión del modelo, sin que hasta la fecha haya sido aceptado.

Esta reivindicación la planteó Moreno igualmente en 2021 y 2022, pero tampoco se ha puesto en marcha hasta la fecha.

No son los únicos asuntos en los que existen discrepancias entre el Gobierno de España y la Junta de Andalucía. La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos recordaba ayer que las inversiones de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que recibe Andalucía no son «acordes a su peso poblacional» y luego «tampoco se ejecutan» en los porcentajes que se ejecutan en otras comunidades como Cataluña. Esa reclamación viene amparada por la Disposición Adicional Tercera del Estatuto de Autonomía que señala que «la inversión destinada a Andalucía será equivalente al peso de la población andaluza sobre el conjunto del Estado para un período de siete años».

España recordaba también otros «agravios» que siguen sin encontrar respuesta. En la reunión de 2021, Sánchez transmitió a Moreno que los fondos del Plan de Recuperación, que la Comisión Europea aprobó en esos días, se iban a gestionar con «cogobernanza» en la distribución, gracias a la participación de las comunidades autónomas en las diferentes Conferencias Sectoriales. El compromiso adquirido era que sería allí donde se tomarían las decisiones sobre el destino de los 70.000 millones de euros de fondos europeos. La realidad ha sido otra completamente distinta y tanto Andalucía, como otras comunidades, se han quejado de justo lo contrario, la poca participación de las regiones en el diseño y ejecución de estas políticas, lo que ha supuesto un problema a la hora de garantizar que los fondos lleguen en tiempo y forma a los destinatarios de los mismos.

Otros puntos de fricción han sido por el reparto de las políticas activas de empleo porque el Gobierno central ha destinado «muchos menos recursos a Andalucía, es decir, 580 euros menos que a Cataluña o 400 euros menos que la media, si hablamos por ciudadanos».

Las quejas se extienden también a la política en el reparto de las tarjetas monedero para andaluces; en plazas MIR, o en la realización de obras hidráulicas, un asunto que volverá a estar de plena actualidad en el momento que la sequía se acentúe.

Ante la falta de acuerdos, la reunión sí servirá para gestionarla políticamente. Por un lado, Sánchez tratará de aparentar un trato «igualitario» a todas las comunidades autónomas después del trato privilegiado otorgado a Cataluña para la investidura de Salvador Illa. De ahí que se haya apresurado a convocar a todos los presidentes autonómicos y el viernes reciba al lehendakari vasco Imanol Pradales, al presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda Moreno, y a Juanma Moreno. El resto de líderes autonómicos serán citados en próximas fechas.

Por su parte, Moreno también buscará una postura común entre los partidos con representación parlamentaria en defensa de los intereses de Andalucía. Así, los ha citado el próximo lunes en San Telmo para tratar de mantener una postura común en asuntos que afectan a los intereses de Andalucía: «Quiero que estén perfectamente informados, pero al mismo tiempo quiero que ellos también tomen conciencia y me traigan sus propuestas para ver qué hacemos con el presente y el futuro de nuestra tierra en este momento tan complejo y difícil como el que estamos viviendo», expresó ayer.

Esta tarea también será difícil porque la izquierda andaluza niega que el Gobierno, con la «financiación singular» para Cataluña haya roto la igualdad entre españoles. De hecho, ayer mismo, el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, negaba en Madrid un trato de favor a Cataluña.

Ese será el primer paso para tratar de sumar a colectivos económicos y sociales en defensa de los intereses de la comunidad, tarea a la que Moreno se dedicará en los próximos meses. El presidente andaluz considera que «la sociedad andaluza en su conjunto se tiene que poner por delante del propio gobierno, porque esto va de defender el interés general tuyo, el de tus hijos, el de tus nietos, el de tu tierra y, por ende, también el del conjunto de España».