El PSOE no apoya que los que roben luz para cultivar marihuana vayan a la cárcel

El PSOE votó ayer en contra de una Proposición No de Ley en la Comisión de Industria, Energía y Minas presentada por el PP en la que este partido proponía que el Parlamento de Andalucía solicite al Gobierno una modificación del Código Penal para incrementar las penas a aquellos que se enganchen de manera ilegal a la red eléctrica para cultivar marihuana.

Los socialistas justificaron su decisión en que «no es la solución» porque «no hay que criminalizar» los barrios en los que se producen estas situaciones, que no «pueden pagar justos por pecadores» y que la propia Administración andaluza cuenta con mecanismos de inspección y control suficientes para detectar estas hechos, según esgrimió la diputada socialista Pilar Navarro.

La propuesta del PP, que salió adelante con la mayoría absoluta de la que gozan los populares y a la que sí se sumó Vox, aboga por modificar el tipo básico del artículo 255 del Código Penal sobre defraudación de fluido eléctrico, «creando un nuevo tipo agravado basado no tanto en el valor de lo defraudado, sino en el perjuicio al interés público y a los usuarios que tenga como origen o consecuencia el cultivo y tráfico de drogas».

En concreto, «la graduación de la pena del tipo agravado del nuevo apartado del articulo 255 sea de 1 a 3 años de prisión y lleve aparejada de 6 a 18 meses de multa».

La portavoz de Energía del PP en el Parlamento, Julia Ibáñez, alertó de que una plantación de marihuana, de las que se cultivan en los conocidos como «narcopisos», consume la misma electricidad que 80 viviendas. Por tanto, no se trata simplemente de una actividad delictiva, sino que genera consecuencias materiales al resto de los vecinos, como posibles «daños en la estructura del edificio y sobrecarga en la red», lo que favorece los cortes de energía. Además, se aumenta el riesgo de posibles incendios provocados por la manipulación «ilícita» de las instalaciones.

El texto de la PNL recalca que «la proliferación de estas instalaciones ilegales, controladas por verdaderas organizaciones transnacionales con una potente actividad policriminal, según los datos del Ministerio del Interior, supone además un riesgo para la actuación de los inspectores y técnicos de distribución, que deben actuar encapuchados para evitar su identificación y desarrollan su labor con acompañamiento policial».

Igualmente, señala que «diversos estudios advierten de que la gravedad del delito no se corresponde con las penas establecidas en la normativa actual en España, que no son suficientemente disuasorias y facilitan la reincidencia del defraudador, que tiene alicientes para persistir en su comportamiento delictivo».

En este sentido, recuerda que «en países de la Unión Europea han fijado penas de cárcel por fraude eléctrico, como Alemania, cuyo código penal prevé la pena privativa de libertad de hasta cinco años; Italia, donde se equipara con el delito de hurto, imponiendo una pena de cárcel de seis meses a tres años de prisión, o Francia, donde se asimila la defraudación de energía eléctrica al robo con una pena privativa de tres años y una multa de 45.000 euros».

Lejos de ser una actividad residual, los datos demuestran que este tipo de actividad ilícita está aumentando. Según los datos facilitados por la portavoz popular, los enganches ilegales vinculados al cultivo de marihuana se han incrementado en todas las provincias andaluzas en 2023. En Sevilla, lo han hecho un 65%; en Almería, un 90%; en Málaga, un 200%; en Cádiz, un 196%; y en el caso de Jaén y Granada, la subida ha sido de un 56% y un 54% respectivamente. Por poner un ejemplo, tan solo el pasado año, e-distribución, la filial de redes de Endesa, desmanteló en Sevilla 42 fraudes al día por enganches ilegales.

La proliferación de enganches ilegales a la red eléctrica tiene otra derivada: los impuestos que se dejan de abonar y, por tanto, la disminución de ingresos por parte del Estado, ya que se trata de un fraude extendido por toda España. Así, según las últimas estimaciones hechas públicas por Endesa, el fraude eléctrico le cuesta al conjunto de los consumidores españoles más de 2.000 millones al año, el equivalente a 69 euros al año por cada punto de suministro.