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Las reacciones
El PSOE quiere «borrar» el caso ERE tras el fallo del Constitucional
El Tribunal Constitucional sí ha avalado la condena a Magdalena Álvarez por su gestión presupuestaria en 2000 y 2001

Pese a lo que muchos creen, el «caso ERE» no fue decisivo para que el PSOE perdiera el poder en la Junta de Andalucía. De haber sido así, Javier Arenas hubiera sido presidente tras las elecciones de 2012, donde pese a ganar se quedó sin gobernar y José Antonio Griñán, con el apoyo de Izquierda Unida, fue investido presidente. Fue en esa época cuando la corrupción socialista estaba en su apogeo mediático, con casos como el de Mercasevilla, el de los ERE o las ayudas de Invercaria.
En el caso concreto del más trascendente de todos, el caso ERE, las diligencias previas se abrieron el 19 de enero de 2011 y las elecciones de 2012 se celebraron el 25 de marzo, más de un año después. Ya a finales de noviembre de 2011, la jueza Mercedes Alaya estaba investigando a José Antonio Griñán durante su época como consejero de Economía y Hacienda, lo que no le impidió presentarse a las elecciones y pactar posteriormente con Diego Valderas.
Posteriormente, en julio de 2013, Griñán dimitió y le sucedió Susana Díaz, que convocó elecciones en marzo de 2015 y obtuvo una victoria clara con el PP hundido con 33 escaños, pese al caso ERE.
No fue hasta 2018 cuando el PP, con el apoyo de Ciudadanos y VOX alcanzó el poder en la Junta de Andalucía. Y el «caso ERE» ya estaba más que amortizado políticamente. Además, la sentencia de la Audiencia Provincial se conoció el 19 de noviembre de 2019, con el PSOE ya fuera del poder.
Aún así, el PSOE quiere aprovechar que, en muchos casos, la memoria es corta para acusar al PP de «llegar al poder cabalgando sobre una inmensa mentira que quedó al descubierto ayer (por el miércoles)», en en alusión a la sentencia del Tribunal Constitucional que anula parcialmente la condena por prevaricación a la exministra socialista Magdalena Álvarez y obliga a redactar una nueva a la Audiencia Provincial de Sevilla. Así se pronunció el diputado Mario Jiménez y en una línea similar se expresó el secretario general del PSOE-A Juan Espadas.
El también portavoz del PSOE en el Senado reclamó «una vez más» al Partido Popular que «respete las decisiones judiciales» cuando los órganos judiciales se pronuncian y «no corroboran sus tesis».
«El Partido Popular debe acostumbrarse a que cuando los tribunales no le dicen lo que quieren escuchar también son tribunales y hay que respetarlos», argumentó el líder del PSOE-A.
Espadas también interpretó la sentencia del Tribunal Constitucional y a su juicio ha puesto de manifiesto «la carencia de relevancia penal» de los hechos imputados a la exministra de Fomento y exconsejera de Hacienda de la Junta de Andalucía, que lleva a «corregir la sentencia del Tribunal Supremo sobre la aprobación de las leyes de presupuestos».
En este sentido, hay que matizar que la sentencia del tribunal de garantías sí avala la condena por las modificaciones presupuestarias correspondientes a los ejercicios 2000 y 2001, dado que se adoptaron «con infracción de la normativa presupuestaria entonces vigente».
En cualquier caso, para Espadas las condenas a exaltos cargos socialistas por prevaricación y malversación «ha sido uno de los elementos de ataque permanente del Partido Popular» con la pretensión de «manchar la imagen de muchos responsables públicos».
Por último, insistió en que «todo el mundo sabe que no se enriquecieron por la toma de decisiones administrativas».
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