El PSOE-A vinculaba la quita de deuda a un acuerdo autonómico

Los partidos independentistas catalanes han puesto precio a la investidura de Pedro Sánchez, una vez que, previsiblemente fracase la de Alberto Núñez Feijóo que arranca hoy. Además de la amnistía, Junts primero, y ERC después, han fijado en 450.000 millones de euros la «deuda histórica» que el Estado tiene con Cataluña, han reclamado la condonación de la deuda que la región mantiene por el acceso al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), ejecutar transferencias en materia de pensiones y recibir el 19% de los fondos Next Generation con efectos retroactivos.

En el caso concreto de la deuda del FLA, la postura de los partidos nacionalistas no es nueva e incluso ha sido defendida por el PSC. Sin embargo, esta posibilidad ha contado siempre con el rechazo del PSOE andaluz, que siempre se ha manifestado en la misma dirección: cualquier decisión en esta línea debe ser acordada por el conjunto de las comunidades autónomas y no de manera bilateral.

Precisamente ayer, un estudio del BBVA señalaba que la deuda de las comunidades autónomas cerró 2022 en su máximo histórico: más de 316.800 millones de euros, lo que representa un 23,9% de su PIB. La Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Murcia y precisamente Cataluña son las comunidades más endeudadas con respecto a su producto interior bruto. En torno al 60 por ciento de la deuda está en manos del Estado que durante la anterior crisis económica prestó auxilio financiero a las regiones, imposibles de financiarse en los mercados.

La posición del PSOE andaluz quedó refrendada en el dictamen sobre financiación autonómica que aprobó el Parlamento de Andalucía con los votos a favor de socialistas, PP e IU. Ese trabajo, impulsado por la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante su etapa como consejera acotaba la postura de todos los grupos parlamentarios: «Respecto de las alternativas expuestas para gestionar la deuda autonómica acumulada, si en algún momento se optase por la propuesta basada en la reestructuración, se consideraría adecuado un mecanismo que tomase como referencia la insuficiencia financiera sufrida por aquellas comunidades autónomas con una financiación por habitante inferior a la media», apuntaba el texto.

También insistía en que «teniendo en cuenta la conexión directa entre endeudamiento de las comunidades autónomas e infrafinanciación de las mismas, se debe determinar qué parte de la deuda puede considerarse un resultado directo del sistema de financiación autonómica actual».

En este punto, hay que recordar que el modelo de financiación actual perjudica a cuatro comunidades autónomas: Murcia, Valencia, Castilla La Mancha y Andalucía. Todas reciben menos dinero por habitante ajustado que la media.

En el caso andaluz, la comunidad recibe 130 euros menos por habitante, si se tiene en cuenta la población ajustada, y 186 euros menos en el caso de que se tome como referencia la población de derecho. Así, la infrafinanciación acumulada asciende a 10.073 millones entre 2009 –año en el que entró el vigor el actual modelo que pactó precisamente el PSOE con ERC en época del presidente José Luis Rodríguez Zapatero– y 2021.

Por último, el dictamen abogaba por tener en cuenta criterios adicionales, «como por ejemplo los esfuerzos previos de consolidación fiscal y/o el gasto primario por habitante en relación con la media, en línea con los indicadores sugeridos por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF)».

Este acuerdo de marzo de 2018 está plenamente vigente. De hecho, el parlamentario del PSOE-A Mario Jiménez, recordó ayer mismo la posición del Grupo Socialista en ese momento cuando «renunció a una posición de parte» a la hora de reclamar una reforma del modelo de financiación autonómica «para convertirla en una posición de todo el Parlamento».

Jiménez utilizaba ese gran acuerdo para justificar la iniciativa que su partido defenderá este jueves en el Pleno del Parlamento para crear una ponencia en la Cámara autonómica que sirva de «evaluación del desarrollo estatutario y de conformación de la posición de Andalucía de cara al debate territorial que se abre en España».

Con esta premisa, el PSOE andaluz, que hasta la fecha no se ha pronunciado sobre la amnistía que su partido negocia con los independentistas catalanes, deberá rechazar cualquier trato de favor económico a Cataluña por parte de un nuevo Gobierno.

Además, el dictamen sobre financiación apuntaba otras cuestiones que adquieren plena vigencia y que fue fruto de un gran acuerdo parlamentario. Por ejemplo, señala que «hay que poner en el centro del debate a las personas y no a los territorios» porque «no son los territorios los que contribuyen ni los que hacen uso de los servicios públicos, sino los ciudadanos que residen en ellos».

En esta misma línea, el texto constataba también una evidencia porque destacaba «una notable asimetría en la financiación por habitante a favor de las comunidades forales frente a las de régimen común» por lo que «sería preciso dar transparencia a las aportaciones del País Vasco y Navarra, siempre bajo el respeto de la constitucionalidad de su régimen foral».