Reclaman más medios para hacer frente al narcotráfico en Almería

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y el Sindicato Unificado de Policía (SUP) reclamaron ayer en Almería que se desbloqueen en el Congreso la proposición de ley para declarar profesión de riesgo los cuerpos de Policía Nacional y Guardia Civil, que acumula 39 prórrogas, y la iniciativa que pretende modificar el Código Penal para combatir el petaqueo, que ha sido pospuesta en 21 ocasiones. Tras reunirse en Almería con la diputada del PP Maribel Sánchez Torregrosa, ambas organizaciones advirtieron de que la falta de avances legislativos y de medios deja a los agentes en clara desventaja frente al narcotráfico y la presión migratoria en la costa almeriense.

En este sentido, subrayaron que la provincia, con más de 200 kilómetros de litoral, carece de recursos aéreos y mantiene embarcaciones obsoletas frente a redes criminales cada vez más organizadas. Asimismo, pusieron de relieve la dificultad para aplicar la Ley de Extranjería por la falta de acuerdos bilaterales con países como Argelia o Marruecos, y defendieron que se reconozca a Andalucía como Frontera Sur para dotarla de recursos adecuados.

Torregrosa recogió las demandas y se comprometió a trasladarlas al Congreso, insistiendo en que «no pueden demorarse medidas que afectan a la seguridad de los agentes».

De otro lado, la asociación mayoritaria de la Guardia Civil (Jucil) denunció que la Comandancia de Almería ha rechazado la petición de este colectivo para que el Puesto Principal de Roquetas de Mar, el segundo municipio más poblado de la provincia, tengan un Área de Custodia de Detenidos propia, lo que obliga desde el pasado 1 de julio a trasladar a todos los arrestados a la capital.

En un escrito fechado el 29 de agosto, la Comandancia rechazó la instancia presentada por Jucil el 7 de julio, que reclamaba con carácter urgente la creación de calabozos en Roquetas.

Según Jucil, la respuesta oficial se limitaba a indicar que existían «recursos disponibles en municipios cercanos», lo que, a juicio de la asociación, no resuelve los problemas de seguridad y de servicio que acarrea la situación.

Jucil apuntó que desde el 1 de julio los agentes de Roquetas no tienen instalaciones propias para custodiar detenidos, después de que la Policía Local dejara de permitir el uso de sus calabozos y la consecuencia inmediata ha sido el traslado sistemático de los arrestados a la Comandancia de Almería, a más de 22 kilómetros de distancia, con un tiempo estimado de media hora por trayecto. La asociación advirtió de que cada traslado supone dejar sin patrullas al municipio durante horas, en una localidad que registra más de 1.000 detenciones y más de 10.000 diligencias anuales. En verano, cuando la población roquetera llega a triplicarse, el problema se agrava por la reducción de plantilla derivada de los periodos vacacionales. Jucil argumentó que esta falta de calabozos no solo perjudica el servicio de seguridad ciudadana, sino que incrementa el riesgo de fugas y accidentes durante el transporte de los arrestados y compromete los derechos fundamentales de los detenidos.

El pasado 2 de julio, la asociación denunció públicamente esta situación, advirtiendo de que Roquetas es uno de los puestos más conflictivos del país y subrayó que la ausencia de un Área de Custodia incumple lo establecido en la Instrucción 11/2015 de la Secretaría de Estado de Seguridad.

El secretario provincial de Jucil, Rafa Maldonado, señaló en julio que «el verdadero problema no es la pérdida puntual del uso de los calabozos municipales, sino la falta histórica de un área de detención propia en el cuartel de Roquetas de Mar, algo que demuestra el abandono institucional que sufre la unidad».