El reparto de menores migrantes abre otro frente contra el Gobierno

El polémico reparto de menores migrantes no acompañados que ha establecido el Gobierno central ha creado un nuevo motivo para la confrontación entre el Estado y la Junta de Andalucía. El pasado martes el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto 743/2025 con el que se cifra la capacidad ordinaria de los sistemas de acogida en una ratio de 32,6 plazas para niños y adolescentes migrantes no acompañados por cada 100.000 habitantes. El texto fija en 2.827 las plazas de Andalucía, la cifra más elevada de toda España, seguida de las 2.650 de Cataluña y las 2.325 de Madrid. La respuesta del Gobierno andaluz no se ha hecho esperar, tachando este reparto de «absolutamente sectario, poco realista y muy político». Así se expresó el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, quien aseguró que Andalucía «es un ejemplo de solidaridad desde hace muchos años», por lo que «nadie nos tiene que dar una lección».

El consejero incidió en señalar que el «nivel de cobertura» de menores migrantes atendidos en la región actualmente «casi está al 100%» de su capacidad y se preguntó si «alguien se puede explicar que Cataluña y País Vasco no vayan a tener que afrontar la acogida de menores migrantes porque tienen pactos políticos para mantener en el sillón» de presidente del Gobierno. En este sentido, Sanz criticó que, mientras que se da esa circunstancia con el País Vasco y Cataluña, «las demás comunidades autónomas, sin recursos y sin apoyo económico, tendrán que hacer frente a la acogida menores en un número que desde el Gobierno imponen sin diálogo».

Junto a ello, quiso dejar claro que «Andalucía siempre va a ser solidaria, y lo es, pero lo que no podemos aceptar es la falta de respeto». También reiteró Sanz la crítica que el pasado martes realizó el presidente de la Junta, Juanma Moreno, sobre que se haya declarado frontera al País Vasco en relación con la migración y no a Andalucía, pese a ser esta comunidad «frontera sur de Europa y estar absolutamente pegada al continente africano, a 14 kilómetros solo». «Tiene uno la sensación de que el Gobierno de España trata a los menores como mercancía política», apostilló.

En la misma línea se manifestó la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, anunciando que la Junta «va a estudiar jurídicamente» si recurre el Real Decreto puesto que el sistema andaluz «está ya muy saturado». López lamentó que el Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado la norma «tal y como nos tiene acostumbrados, por imposición, sin diálogo y con una absoluta falta de transparencia». Para la consejera, «volvemos a ver claramente que el Gobierno de España prioriza sus intereses sobre el interés de los menores, a los que no les importa apilar en edificios para proteger el sillón de Pedro Sánchez».

«Andalucía es una tierra solidaria y queremos seguir siéndolo, pero siempre preservando la atención y protección de los niños», remarcó la titular de Inclusión Social, para advertir que «nuestro sistema de protección de menores está ya saturado, y no podemos olvidar que cada semana siguen llegando a nuestras costas menores migrantes no acompañados que necesitan ser atendidos».

Como ejemplo de la «solidaridad incuestionable» de Andalucía, López aludió a «los 634 menores migrantes no acompañados que el Gobierno de España ha metido en Andalucía por la puerta de atrás bajo la apariencia de mayoría de edad, de los que no quiere saber absolutamente nada y que el Gobierno andaluz está atendiendo a pleno pulmón». En este punto, indicó que el reparto «impuesto» por el Gobierno de España «reventará el sistema andaluz, que ya se encuentra colapsado, poniendo en peligro a los menores».

Un proceso gestionado «con transparencia»

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, defendió que el Ejecutivo central sigue «criterios objetivos» en el diseño de «soluciones para dar una atención digna y humanitaria» a los menores migrantes que llegan no acompañados a España, además de subrayar que dicho mecanismo «se aplica por igual en todo el territorio nacional». Fernández señaló que «es falso que la fórmula aplicada sea diferente por comunidades autónomas» y apostilló que quien lo diga así «está faltando a la verdad y demostrando su irresponsabilidad». Frente a ello, reivindicó que «todo este proceso se ha gestionado con absoluta claridad y transparencia».