Una «revolución» en la gestión administrativa andaluza que retoca 176 normas

Una «revolución» en la gestión administrativa. El Gobierno andaluz presentó el cuarto paquete de simplificación en la gestión burocrática que el lunes había avanzado Juanma Moreno en Madrid. El decreto en cuestión contiene más de 450 medidas, entre ellas la controvertida creación de una Autorización Ambiental Unificada Simplificada, con el objetivo prioritario de facilitar la actividad empresarial y la llegada de inversores a Andalucía, además de mejorar la vida de la ciudadanía.

Antonio Sanz, consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, explicó que el «decreto ley modifica 176 normas (53 leyes, 95 decretos y 28 órdenes) y reducirá en un 90% el número de aplicaciones que se utilizan en la Junta de Andalucía, pasando de tener más de 1.000 a menos de 100». Se trata del resultado de año y medio de trabajo entre las distintas consejerías para evaluar y adoptar decisiones que contribuyan a «acortar los tiempos de respuesta de la administración». El decreto se engloba dentro del ambicioso Plan Andalucía Simplifica, que incluye más procesos, y de forma general se amplían los trámites a los que se aplica tanto el silencio administrativo positivo como las declaraciones responsables (siempre garantizando la seguridad y el control en los procesos).

Como resultado de la aplicación del Decreto, que entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), se prevé la resolución de las solicitudes para la dependencia en 180 días; se mejora la tramitación de la Renta Mínima, se agiliza el procedimiento para el reconocimiento de la condición de familia numerosa; se pasará de tardar dos años de media en abrir una residencia de mayores a tan sólo tres meses; se crea la figura de entidades de colaboración de certificación, regulándose su acreditación, registro y sus obligaciones; otra figura novedosa es la de las entidades habilitadas, a las que se les otorga la competencia para la realización de transacciones electrónicas en representación de las personas interesadas en la gestión de determinadas materias.

Del mismo modo, se incluye un gran paquete de medidas de transformación digital de la Junta para extender la robotización a trámites y procesos que afectan directamente a la ciudadanía. En materia de Patrimonio, el decreto ley cambia de autorización a declaración responsable para determinadas actividades arqueológicas afectadas por la Ley de Patrimonio Histórico, lo que permitirá mayor agilidad y transparencia. Gracias a esta iniciativa, unos 500 expedientes anuales, en su mayoría vinculados a grandes proyectos de infraestructura y proyectos de energías renovables, verán reducido su tiempo de tramitación en hasta dos meses.

Por otro lado, se modifica la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, para la gestión de la ejecución presupuestaria del gasto. Se elimina no sólo la necesidad de firmar los documentos contables que reflejen la ejecución presupuestaria del gasto, sino también los propios actos de ejecución presupuestaria en sentido estricto, cuya eficacia quedará subsumida en los actos de gestión administrativa que la conlleven.

En materia de Justicia, se mejora el procedimiento para la concesión a las víctimas del terrorismo de las indemnizaciones por daños físicos o psíquicos y por situación de dependencia que requiere actualmente del dictado de dos resoluciones sucesivas.

En materia de energía, se aumenta la potencia de 100 hasta 500 kilovatios de las instalaciones ubicadas en suelo urbano que quedan sujetas a declaración responsable, sin necesidad de solicitar autorizaciones administrativas

Se elimina la obligación de comunicaciones en papel, medida que adquiere una especial trascendencia teniendo en cuenta que el volumen de inspecciones anuales de estos organismos excede de las 100.000, estimándose el ahorro económico anual para los organismos de control, únicamente en lo relativo a sus comunicaciones con la Administración, en unos tres millones de euros.

Miles las solicitudes de autorización ambiental se van a tramitar en la mitad de tiempo gracias a la «actualización» de la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA). El 40% de las autorizaciones ambientales unificadas van a resolverse de forma simplificada, lo que va a redundar directamente en la generación de riqueza y la creación de empleo manteniendo la exigencia máxima de protección y conservación del medio ambiente. Así, para un total de 58 actividades que ahora sólo necesitarán un pronunciamiento «evitar los temidos cuellos de botella que retrasan y entorpecen», según Ramón Fernández-Pacheco. Y un largo etcétera de medidas más.

Buena acogida de la patronal y crítica sindical

►El decreto de simplificación tuvo una gran acogida en la patronal. La Confederación de Empresarios dijo que «viene a contribuir a la revolución» que demandan las empresas, pues «aborda un proceso de simplificación en cuanto a la regulación, pero también la reforma de la Administración, con la gestión del personal y los procesos, así como un avance en digitalización». La Asociación de Trabajadores Autónomos saludó un Plan que reducirá «más de 500 trabas y ayudará a la inversión». Mientras, CCOO cree que «Andalucía se convertirá en la región con menos garantías» y, junto a UGT, recordó que estas medidas «deben ser negociadas» en el Pacto Social y Económico y lamentó falta de diálogo.