¿Cuántos taxis y VTC hay en Sevilla?

La última estadística estatal sobre el transporte de viajeros en turismos refleja que al comenzar diciembre, la provincia de Sevilla contabilizaba 1.986 licencias de taxi y 447 autorizaciones para vehículos de transporte concertado (VTC), toda vez que la provincia cerró 2021 con 2.347 taxis y 455 VTC, según los datos de diciembre del año pasado.

Es decir que en un año, la provincia de Sevilla ha reducido en 361 su número de licencias de taxi, que además cae por debajo de la cifra de 2.000 cuando en los últimos tiempos siempre había estado por encima de dicha cuantía. El balance mensual arroja de otro lado 50 licencias menos de taxi que en noviembre y dos autorizaciones menos de VTC respecto al mismo mes.

Así figura en el último recuento del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) sobre autorizaciones para el transporte de viajeros en turismos, fechado el pasado 1 de diciembre y recogido por Europa Press, después de que recientemente entrase en vigor el nuevo decreto de la Junta de Andalucía que modifica la Ley 2/2003 de Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía, al objeto de regular los VTC.

La regulación autonómica deriva del decreto Ley emitido en 2018 por el Gobierno central para traspasar la gestión y regulación de los vehículos de transporte concertado a las autonomías y ayuntamientos, fijando un plazo de cuatro años para que las comunidades autónomas orquestasen sus respectivas regulaciones. En ese sentido, de no haber mediado una regulación específica en Andalucía, los VTC, que operan para empresas de alquiler de coches con chófer como Uber o Cabify, habrían quedado relegados a los servicios interurbanos.

LA NUEVA REGULACIÓN

A grandes rasgos, el nuevo decreto andaluz prohíbe que los VTC estacionen o circulen sin servicio precontratado a un mínimo de 300 metros de aeropuertos, puertos o estaciones de trenes y autobuses; así como a 150 metros de hospitales, grandes centros comerciales y de ocio, paradas de taxis, hoteles de al menos cuatro estrellas, sedes judiciales o lugares donde se celebre un evento deportivo, cultural o social.

También prohíbe la geolocalización de los VTC previa a su contratación y establece para estos vehículos unas dimensiones mínimas de 4,9 metros de longitud, 4,7 metros en el caso de vehículos híbridos o Eco y 4,5 metros en el caso de los vehículos de cero emisiones, entre otros requisitos.

El Gobierno andaluz defiende en ese sentido que esta nueva regulación persigue “el beneficio del usuario y la convivencia en armonía entre el taxi y los VTC, teniendo claro que los VTC están limitados por ley a dar un servicio por precontratación”, pues por la propia naturaleza de su servicio, siempre les ha estado prohibido circular a la búsqueda aleatoria de clientes o aceptarlos de manera espontánea.

NINGUNA DE LAS DOS PARTES SATISFECHA

Empero, el nuevo decreto ha generado importantes protestas por parte de las asociaciones de taxistas, que han avisado de que buena parte de estas restricciones ya estaban en vigor por regulaciones previas. El gremio de taxistas de Sevilla, en concreto, venía reclamando que dicha regulación autonómica de los VTC incluyese un tiempo mínimo de precontratación de al menos media hora entre la petición del servicio y el porte en sí, entre otras medidas.

Las patronales del sector de las VTC han criticado de su parte las limitaciones impuestas, como en el caso de las dimensiones mínimas de los vehículos.

En paralelo, recordemos que tiempo atrás, la Junta de Andalucía aprobaba un decreto de modificación del Reglamento de los Servicios de Transporte Público de Viajeros en Automóviles de Turismo, para introducir medidas de modernización en el sector andaluz del taxi.

Principalmente, este decreto incorporaba la posibilidad de ofrecer un precio cerrado para los servicios previamente contratados a través de una aplicación de telefonía móvil y la contratación del servicio por plaza (taxi compartido) en supuestos de gran demanda, para así abaratar el coste de los trayectos.

Los taxistas de Sevilla capital reclaman además la continuidad de la política de rescate de licencias acordada en 2016 entre el Ayuntamiento y las principales asociaciones del sector.

EL RESCATE DE LICENCIAS

En concreto, en aquel año fue acordado el rescate de 140 licencias de taxi a razón de 70.127 euros a abonar a cada taxista que renunciase a su licencia, para “la viabilidad económica de un sector especialmente afectado por la crisis y para ajustar la oferta a la demanda”, sobre todo en estas circunstancias de irrupción de nuevas modalidades de movilidad urbana, como por ejemplo los vehículos eléctricos de movilidad personal.

Empero, mientras el Ayuntamiento hispalense estudia fórmulas para cumplir dicha petición, un informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía recogido por Europa Press señala que la convocatoria de nuevos rescates de licencias de taxi con cargo a los fondos municipales “podría no encontrar justificación” en materia de “interés general”, al haber “variado sustancialmente las circunstancias socio económicas” a partir de las cuales fue impulsada dicha política.

En ese sentido, el concejal de Gobernación, Juan Carlos Cabrera, exponía tiempo atrás que se ha “planteado la alternativa” de un procedimiento de tanteo y retracto de las licencias, para lo cual media un proceso destinado a “determinar el valor de las licencias”, mediante un estudio actualmente en marcha.

NUEVO ESTUDIO SOBRE LOS TAXIS Y LOS VTC

Además, el Ayuntamiento hispalense promueve otro “estudio de análisis, diagnóstico económico y de viabilidad del servicio de auto-taxi” y de los VTC, así como de “rediseño de la imagen y propuesta de estrategias para la reactivación y potenciación de los taxis”.

La idea, según el Ayuntamiento hispalense, es “conocer el comportamiento actual de la demanda del servicio del taxi y la evolución previsible para poder llevar a cabo una ordenación, planificación y gestión adecuada a las necesidades de los usuarios y titulares de las licencias”; así como preparar la necesaria regulación de los VTC y asegurar “la convivencia” de ambos sectores y la “adecuada a la rentabilidad” de los mismos.