Universidad de Sevilla
Expertos reclaman acabar con la regulación en el mercado de las telecomunicaciones
Abogan por las inversiones necesarias durante los próximos años para el desarrollo de las nuevas redes y la ampliación de la cobertura
La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Sevilla ha acogido la Jornada “Regulación del sector de las comunicaciones electrónicas y de los mercados de infraestructuras digitales” en la que varios expertos han debatido sobre la necesidad de llevar a cabo un cambio de regulación que beneficie a la sociedad, a la economía del país y a los usuarios.
El encuentro, que ha estado moderado por Carlos León, catedrático de Tecnología Electrónica de la Universidad de Sevilla, ha contado con la participación de Margarita Robles, catedrática de Derecho Internacional Público y de la UE de la Universidad de Granada; Arturo Azcorra, catedrático de Ingeniería Telemática de la Universidad Carlos III, y ex secretario General de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual; José Manuel Cansino Muñoz-Repiso, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla y director de la Cátedra de Economía de la Energía y Medio Ambiente; y Juan Diego Otero Martín, subdirector de Análisis de Mercados de Comunicaciones Electrónicas de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Durante la conferencia, los participantes han abogado por una regulación que fomente la inversión, con ofertas competitivas en todo el territorio nacional y la garantía de la aplicación ‘ex post’ del derecho de la competencia.
En este sentido, José Manuel Cansino, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla, ha afirmado que “el papel de la regulación en los mercados competitivos tiene que ser residual. Cuando la competencia garantiza una competitividad alta y unos precios reducidos, la regulación se tiene que reducir a la protección de los derechos de los consumidores y a la garantía del cumplimiento de los contratos”.
El catedrático de Ingeniería Telemática de la Universidad Carlos III, Arturo Azcorra, ha abogado por una regulación que acabe con la fragmentación del sector de las telecomunicaciones. “En la Unión Europea hemos atomizado el mercado y eso es incompatible con ser líder tecnológico. A Taiwán no le preocupa que una empresa suya provea el 50% de los microchips. A EEUU no le preocupa que General Electric y Rolls Royce sean los únicos proveedores de motores. Pero aquí, en las telecomunicaciones, las operadoras están perdiendo posiciones en el mercado mundial frente a China y EEUU por esa falta de concentración”.
Por su parte, Diego Otero ha anunciado que cuando se despeje la operación de fusión entre Orange y MásMóvil, la CNMC procederá a realizar un análisis de la situación actual y, donde no esté justificada la regulación, levantarla. “En un mercado en el que la cuota está por debajo del 40%, justificar la regulación es más complicado”, ha afirmado.
En términos jurídicos, Margarita Robles, catedrática de Derecho Internacional Público y de la UE de la Universidad de Granada, ha enfatizado que la legislación debe garantizar la libre competencia, y velar por el interés general en el mercado de las telecomunicaciones para que todos puedan participar en condiciones de igualdad. Para ello, “el derecho tiene que seguir aplicándose y actualizándose. Estamos jugando con cuestiones muy serias que evolucionan con muchísima rapidez”.
Finalmente, todos han coincidido en que es necesario aplicar el concepto de fair share (contribución justa) para poder abordar las inversiones necesarias durante los próximos años para el desarrollo de las nuevas redes y la ampliación de la cobertura. En este sentido también se hace urgente un uso responsable de la red por parte de grandes plataformas tecnológicas, que copan más de la mitad de los recursos de red y a las que tienen que dar servicio los operadores para gestionar este enorme volumen de tráfico.
Mientras los operadores tengan que afrontar prácticamente en solitario el dimensionamiento de la red, se complica el dar un salto cualitativo de inversión para el despliegue de las redes europeas. Esto compromete la conectividad del futuro para los ciudadanos y la propia autonomía estratégica.
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