Investigan una presunta "omisión" ante un supuesto abuso sexual en un centro de menores de Andalucía

El Juzgado de Instrucción número 12 de Sevilla ha admitido a trámite una querella promovida por unos padres contra la Delegación Territorial de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, por un presunto delito de omisión del deber de los funcionarios de perseguir delitos, derivado de no haber investigado supuestamente unos presuntos abusos sexuales que su hijo mejor de edad habría sufrido por parte de otro menor en un centro de acogida.

En un auto emitido el pasado 29 de noviembre y recogido por Europa Press, el juzgado detalla que previamente, en concreto en agosto, había sido acordado no admitir dicha querella "por no reunir todos los requisitos" exigidos por la Ley de Enjuiciamiento Criminal, si bien ahora dicha instancia judicial considera "subsanado el defecto apreciado", con lo que "procede la admisión a trámite" de la querella, interpuesta por el abogado penalista José Antonio Sires en representación de estos padres.

El juzgado ordena además librar oficio a la Fiscalía, para que la misma informe "si hay procedimiento respecto de ambos menores, remitiendo testimonio de las resoluciones recaídas, su eventual intervención sobre los hechos de los que al parecer han sido víctimas los menores y sobre los hechos que se dicen acaecen en el centro de menores" responsabilidad de la Administración andaluza.

También ordena librar un oficio a la Delegación Territorial de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad para que informe sobre "las medidas adoptadas respecto de los hechos de los que presuntamente han sido víctimas los menores" y otro oficio más a la Policía Judicial por si tiene "incoado procedimiento" por este asunto.

Según la representación de los padres del citado menor, la dirección del centro de menores habría alertado a la Delegación Territorial sobre el asunto, sin que tal extremo derivase en actuaciones como tal, siempre supuestamente, ante lo cual el director habría optado por interponer su propia denuncia ante la Guardia Civil.

Por su parte, desde la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad han expresado que su proceder se sustenta en "la máxima colaboración" con la justicia, siempre teniendo como prioridad "la protección del interés de los menores y el respeto a su privacidad", según han informado a Europa Press fuentes del departamento de Loles López.